El 24 de junio de 2026, Innovarte ONG y la Dirección de Innovación y Transferencia de la Universidad Alberto Hurtado convocaron a actores clave del ecosistema de innovación chileno a un conversatorio sobre la implementación de la Ley de Transferencia Tecnológica con foco en el impacto social. El evento, celebrado en modalidad híbrida en Startuplab01 de Santiago, reunió a instituciones públicas, organismos internacionales, gestores tecnológicos, inversionistas y representantes del gobierno, contando con la presencia destacada de la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquián, y de Michael Mbogoro, Director de la División de Transferencia de Tecnología de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
Palabras de bienvenida: el momento que Chile esperaba
La jornada fue inaugurada por Carolina Sepúlveda, Directora de Innovación y Transferencia de la Universidad Alberto Hurtado, quien destacó que el país atraviesa un proceso de cambios profundos que exige una mirada de impacto. “El impacto social es fundamental”, señaló, y llamó a no repetir las estrategias de siempre: la reciente aprobación casi unánime de la Ley de Transferencia Tecnológica en el Congreso es, según ella, una oportunidad política que no puede desaprovecharse.
Luis Villarroel, Director de Innovarte ONG, sumó su entusiasmo al momento histórico y describió el conversatorio como un primer encuentro de una serie destinada a generar insumos concretos para el reglamento de la Ley. Subrayó la importancia de contar con perspectivas diversas —del sector público, la academia y el sector privado— para construir una visión compartida de qué significa el impacto social en la transferencia tecnológica, y agradeció especialmente la presencia de CORFO, HUBTEC y OMPI.
Módulo 1: Perspectivas Institucionales
Moderado por Denisse Pérez, Encargada del Departamento Internacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI)
Fernando Hentzschel (Gerente de Capacidades Tecnológicas, CORFO) abrió el panel describiendo el rol de la institución como promotora no solo de innovación, sino de su impacto territorial. Explicó que CORFO trabaja sobre tres pilares: equipamiento, conocimiento y capital humano, y que el verdadero desafío está en los “vehículos” que conectan el conocimiento generado en las universidades con la sociedad, más que en el estado del camino mismo. Criticó el uso del TRL (Technology Readiness Level) como indicador único de madurez tecnológica, proponiendo incorporar métricas de transferibilidad, usabilidad y potencial comercial ya desde etapas tempranas. También cuestionó que la Ley de Transferencia Tecnológica, tal como está escrita, carga la responsabilidad casi exclusivamente sobre las universidades, sin exigir a las empresas que definan mejor sus propios desafíos sociales.
Ignacio Merino (Director Ejecutivo, HUBTEC) presentó a su organización como un “articulador de articuladores”, cuya misión es resolver el problema de desconexión entre talento, infraestructura y sector productivo en Chile. Propuso definir el impacto social como “el cambio verificable y sostenido en las condiciones o bienestar de las personas, generado por la aplicación concreta de conocimiento científico-tecnológico”. Alertó que menos del 17% del sector productivo chileno tiene capacidad de absorber innovación, y que el problema está en la demanda, no en la oferta. Como acción concreta, propuso crear una vitrina nacional de desafíos que permita identificar las necesidades de las empresas y alinear con ellas las capacidades de las universidades. Ilustró su visión con el caso de la erradicación de la desnutrición en Chile, liderada por el Dr. Fernando Mönckeberg: un proyecto de cuatro décadas que demostró que cuando la ciencia y la tecnología se orientan a un propósito mayor y bien definido, los resultados son transformadores.
Michael Mbogoro (Jefe de la Sección de Transferencia Tecnológica, OMPI), quien participó de forma remota, planteó la necesidad de cambiar el paradigma que sitúa a las universidades como “fuentes de conocimiento” que lo “entregan” a la industria, y proponer en cambio un modelo de intercambio horizontal y temprano entre universidades, comunidades y sector productivo. Respecto a las métricas, sugirió preguntas más relevantes desde el punto de vista del impacto social: no cuántas patentes se registraron, sino cuántas vidas se salvaron, cuánta calidad de vida se mejoró, cuántos empleos se crearon. Usó dos ejemplos contrastantes: instalar desfibriladores en cada cuadra de Singapur —alto impacto social, costo mínimo— versus el desarrollo de un medicamento nuevo, que puede tardar diez años y costar mil millones de dólares. Ambos, subrayó, son igualmente válidos y no son preguntas separadas del impacto social. Concluyó señalando que el reto no es preguntar si la investigación tuvo impacto, sino identificar qué condiciones hacen ese impacto más probable, algo que requiere la participación coherente de instituciones, policymakers, industria y gestores tecnológicos.
Módulo 2: Instrumentos para fortalecer la Transferencia Tecnológica con Impacto Social
Moderado por Andrea Lobos, abogada especialista en Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica (ANDES IP)
Carolina Sepúlveda (UAH) presentó el Índice de Potencial de Impacto Social, una herramienta desarrollada junto al economista Germán Tessmer que busca incorporar el impacto social desde la génesis misma de los proyectos. La herramienta integra el Technology Readiness Level, el Societal Readiness Level y el concepto de cadenas de valor territorial (CVT), obligando a los equipos a pensar en todos los eslabones de la cadena —desde el laboratorio hasta la implementación en el territorio—, incluyendo desde el principio a quienes van a utilizar la tecnología. El instrumento genera un “pasaporte” de evaluación y recomendaciones para fortalecer la cadena de valor. Sepúlveda lo resumió así: “La articulación y la colaboración es lo que nos va a permitir generar desarrollo.”
Luis Villarroel (Director, Innovarte ONG) se enfocó en el artículo 5° de la Ley de Transferencia Tecnológica, que por primera vez en la OCDE eleva a rango legal la obligación de incentivar el licenciamiento socialmente responsable. Explicó que este principio nació como respuesta a casos concretos de disfuncionalidades éticas, como el de un medicamento para el VIH desarrollado en la Universidad de Yale que no estuvo disponible en condiciones accesibles para los países africanos. Los principios del licenciamiento socialmente responsable incluyen: reserva de derechos de investigación para la universidad, exigencia de hitos de diligencia al licenciatario, limitación de la transferencia automática de mejoras futuras, regulación de conflictos de interés, libertad en el uso de herramientas de investigación, y garantía de accesibilidad para grupos vulnerables. Villarroel fue claro en que “el impacto social no ocurre si no es inclusivo, porque ya deja de ser social.”
Rosa Madera (Fundadora y CEO de Empatthy) aportó la perspectiva del capital y la inversión de impacto. Fundadora de una organización global especializada en movilizar capital —entendido en sentido amplio: tiempo, talento y dinero— hacia proyectos con propósito social y ambiental, describió el surgimiento de una “economía de impacto” que está ganando terreno entre family offices, fondos de venture capital y nuevas generaciones de empresarios. Señaló que el interés existe y que está creciendo tanto en Chile como en América Latina y el mundo, pero que hay barreras estructurales: la desconfianza, el trabajo en silos y la dificultad de los investigadores para comunicar su trabajo de manera comprensible para el público general y los inversionistas. “La gente quiere inspiración y conocimiento mucho más friendly”, sostuvo, e instó a todos los actores del ecosistema a ser “puentes” entre mundos.
Módulo 3: Perspectiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
Ximena Lincolao Pilquián, Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cerró la jornada con una intervención que celebró el momento histórico que representa la Ley de Transferencia Tecnológica, aprobada de manera transversal en el Congreso. La Ministra destacó el potencial de Chile —su desarrollo científico, sus recursos naturales y el interés creciente de inversión extranjera— y subrayó la urgencia de convertir ese conocimiento en empleo, en un contexto donde el país enfrenta tasas de desempleo de las más altas de la OCDE. Presentó los seis pilares que orientan el trabajo del Ministerio: gestión de spin offs y startups de base científico-tecnológica, inteligencia artificial y economía digital, habilitación legal de la innovación, motores regionales de innovación, globalización y acceso a mercados internacionales, y talento para el futuro del trabajo. Respecto al reglamento de la Ley, anunció que el proceso será participativo e incluirá también a quienes se opusieron al proyecto, y que ya se trabaja en un índice de actores para las mesas de trabajo que comenzarán una vez promulgada la norma. Terminó con un llamado a experimentar, aprender y no empezar de cero: “Lo que estamos tratando de hacer es masivo y excelente.”
Este conversatorio fue el primero de una serie de encuentros orientados a construir los insumos para el reglamento de la Ley de Transferencia Tecnológica. Fue organizado por Innovarte ONG y la Dirección de Innovación y Transferencia de la Universidad Alberto Hurtado, con la colaboración de HUBTEC, LES Chile y la Red de Gestores Tecnológicos de Chile.
Aquí les dejamos una grabación del evento completo, disponible en nuestro canal de YouTube y también algunas fotos:
