El pasado 16 de junio se realizó el segundo webinar organizado por Innovarte en colaboración con el Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad (CE3) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, dedicado a examinar una de las preguntas más urgentes en la intersección entre derecho de autor e inteligencia artificial: si Chile debería establecer una excepción legal que permita el uso de obras protegidas para el entrenamiento de sistemas de IA.
La sesión fue moderada por María José Arancibia, Profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, y contó con cuatro expositores de destacada trayectoria internacional y nacional.
Sean Flynn — Director del Centro de Gobernanza del Conocimiento, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra
Sean Flynn ofreció una mirada comparada de los distintos modelos regulatorios en el mundo, señalando que la industria de la IA está dominada por Estados Unidos y China, con una alta concentración de valor y poder. Presentó el debate entre el modelo estadounidense —basado en la doctrina de uso justo y desarrollado por grandes empresas privadas— y el modelo de los “poderes medios”, entre los que se encuentra Chile, donde la IA se construye principalmente desde universidades e instituciones públicas con recursos más limitados.
Explicó que la ausencia de excepciones amplias de text and data mining en la región restringe proyectos como LATAM-GPT, que actualmente dispone de apenas 2,6 millones de documentos frente a los miles de millones con que entrenan los modelos del norte global. Flynn planteó que la excepción no tiene por qué ser un interruptor de encendido o apagado: puede y debe ser multifactorial, distinguiendo por tipo de usuario (público vs. comercial), tipo de obra, finalidad del uso y efecto sustitutivo.
“Si los modelos de IA esencialmente reflejan una cultura, como la refleja un idioma, entonces necesitamos tantos modelos de IA como culturas hay en el mundo. Y hay miles de culturas que no están representadas en Internet.”
James Love — Director, Knowledge Ecology International (KEI)
James Love enriqueció el debate con perspectivas desde la economía y los tratados internacionales. Argumentó que Chile necesita dos cosas complementarias: una excepción robusta para quienes desarrollan servicios de IA, combinada con un mecanismo de remuneración focalizado en los sectores creativos con mayor interés comercial en ser compensados —y no en todos los titulares de derechos por igual.
Love destacó la experiencia del Artículo 15 de la Directiva de Mercado Único Digital de la UE, que creó un derecho sui generis solo para editores de prensa europeos, como modelo para diseñar mecanismos que beneficien específicamente a creadores nacionales. También llamó la atención sobre el problema de la privacidad de los datos —que va más allá del derecho de autor— y presentó como referencia el Espacio Europeo de Datos de Salud, que permite a investigadores ejecutar consultas sobre millones de registros clínicos sin acceder directamente a los datos sensibles.
“Se necesita una excepción muy robusta para quienes desarrollan servicios de IA, pero también una forma de remunerar a ciertos sectores de titulares que tienen las razones más convincentes para ser compensados. No se quiere hacer algo tan amplio que cree más problemas de los que resuelve.”
Juan Francisco Reyes — Profesor, Facultad de Derecho, Universidad de Chile; Socio en SCR Abogados
Juan Francisco Reyes aportó la perspectiva de la práctica jurídica en Chile, analizando en qué etapas del proceso de entrenamiento se aplica —o debería aplicarse— una excepción de minería de textos y datos. Distinguió tres momentos: la etapa de diseño (carga masiva de datos), la de desarrollo (parametrización del modelo, donde pueden producirse “memorizaciones” de obras) y la de producción (outputs generados por el usuario), señalando que cada una presenta riesgos legales distintos bajo el actual marco chileno.
Subrayó que en ausencia de una excepción clara, el desarrollo de modelos de IA en Chile queda expuesto a demandas de responsabilidad que podrían bloquear emprendimientos incluso antes de su lanzamiento. Al mismo tiempo, advirtió que una excepción local no resuelve los problemas normativos que puede enfrentar un modelo chileno cuando busca operar en otros mercados con legislaciones distintas.
“En ausencia de una excepción, estamos generando un bloqueo a una industria emergente que no se va a ir. La regla que se adopte debe ser cuidadosa para permitir el desarrollo de esta industria sin transformar los derechos de los titulares en un obstáculo al desarrollo futuro.”
Luis Villarroel — Director, Innovarte ONG; ex Vicepresidente del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI
Luis Villarroel situó la discusión en un plano de política pública más amplio, argumentando que la inteligencia artificial es ante todo una cuestión de soberanía digital y seguridad nacional. Recordó que el uso de obras chilenas en el entrenamiento de grandes plataformas ya está ocurriendo —sin compensación— y que, dado que varios países con excepciones establecidas permiten ese uso legalmente, seguirá ocurriendo independientemente de lo que Chile legisle.
Desde el análisis del derecho internacional, Villarroel planteó que las reproducciones digitales tienen una base jurídica más incierta de lo que suele reconocerse en el debate —dado que el Convenio de Berna regula fijaciones en soporte material— y que los Estados disponen de mayor flexibilidad de la que habitualmente se asume. Propuso que Chile adopte un modelo que distinga entre entidades públicas y comerciales, entre finalidades de bien público y sustitutivas, y entre startups nacionales y grandes plataformas globales, complementado con un fondo nacional para creadores financiado por impuestos específicos a las plataformas, que evite que la compensación se diluya hacia el exterior por la regla de trato nacional.
“Que Chile tenga el desarrollo de inteligencia artificial es tan beneficioso para los artistas como para el resto de la sociedad. Necesitamos certeza jurídica. Y el uso por parte de universidades y entidades públicas tiene que ser libre, lo más rápido posible.”
Un debate urgente para Chile
La sesión estuvo enmarcada en la realidad legislativa chilena: el proyecto de IA presentado al Congreso tuvo las disposiciones sobre derechos de autor eliminadas durante la tramitación, y dos proyectos previos —uno de un gobierno de izquierda, otro de derecha— fueron rechazados en parte por no atender adecuadamente el tema de la compensación. La moderadora señaló que “la ventana para que Chile dé forma a estas normas a nivel doméstico todavía está abierta.”
Desde Innovarte agradecemos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y a su CE3 por organizar conjuntamente este espacio, y a los cuatro expositores por la generosidad y profundidad de sus aportes.
