Invitamos a ver el video del microrrelato “La Boda”, perteneciente al concurso “Covid-19 y Acceso a la Salud, escribiendo por la solidaridad”, cuyas publicaciones literarias buscan difundir el llamado de la Organización Mundial de la Salud para que las farmacéuticas, centros de investigación y universidades compartan el conocimiento para la fabricación de vacunas y tratamientos contra el COVID-19 a través del C-TAP (COVID-19 Technology Access Pool) de la OMS.
El motivo del encuentro, realizado el 25 de junio, fue dar a conocer propuestas en el marco de la cuadragésima primera sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos Ginebra (SCCR 41).
En el contexto de la próxima sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor de la OMPI, que se lleva a cabo entre el 28 de junio y 1 de julio de 2021, representantes de la sociedad civil se reunieron con delegados del Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), con el propósito de promover excepciones y limitaciones al derecho de autor en los ámbitos de educación, investigación, salud, bibliotecas, archivos y museos y, en particular, aquellas necesarias para mantener las actividades educacionales y de bibliotecas en contexto de pandemia y otras emergencias.
En la instancia, se presentaron diversas necesidades por parte de las organizaciones en el ámbito de la salud. Por ejemplo, se señaló un serio déficit en el acceso a softwares y algoritmos computacionales que podrían colaborar en la contención de la pandemia por Covid-19.
Asimismo, se destacó que durante la pandemia las labores de investigación y educación se han visto seriamente afectadas. Por una parte, el 20% de los investigadores tuvieron que detener totalmente sus labores. A lo anterior, se adiciona que el 75% de los países no posee excepciones o limitaciones en sus legislaciones nacionales para la minería de datos. Consecuentemente, la detención de investigaciones también perjudica el avance del conocimiento y la innovación que podría ayudar al contexto de crisis sanitaria.
Asimismo, resulta preocupante que no existan tratados transfronterizos de colaboración, como el tratado de Marrakech, para personas con discapacidad visual.
El caso de las excepciones y limitaciones al derecho de autor para la educación en línea no tiene un mejor panorama legislativo hoy en día. La Federación Internacional de Bibliotecas destacó, en tal sentido, que resulta relevante promover la digitalización en bibliotecas, archivos y museos.
Este 15 de junio, el Director de Corporación Innovarte, Luis Villarroel, se reunió con la nueva Directora General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de Ecuador, María Gabriela Campoverde, con motivo de saludarla y explorar áreas de cooperación. En la reunión participó también parte del equipo de relaciones internacionales de SENADI.
Hay que destacar que María Gabriela Campoverde es la primera mujer en dirigir esta institución ecuatoriana. Es abogada especializada en propiedad intelectual con una maestría en Branding y gestión de marca por la ESPOL. Con más de 15 años de experiencia, su trabajo se ha visto enfocado en el desarrollo de las industrias creativas y culturales de Ecuador.
Con tan sólo 35 años de edad, María Gabriela ha dedicado su vida a la protección de las creaciones en Ecuador. Hasta hace poco lideraba el primer estudio jurídico dedicado a la propiedad intelectual con enfoque en la creatividad.
Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. En el año 2018, un jurado del BID Banco Interamericano de Desarrollo le concedió el premio Caribe Naranja en el festival Caribe por su iniciativa Círculo Naranja, una organización sin fines de lucro que impulsa el desarrollo de las industrias creativas y culturales en Ecuador a través de la creación de plataformas para promover la literatura, el arte, teatro y capacitar a emprendedores para que encuentren una fuente de ingresos a través de sus ideas.
En el año 2015 funda y dirige Crealegis, su estudio jurídico en el que ha tenido una exitosa carrera en propiedad intelectual ofreciendo registro de marcas a empresas ecuatorianas en Ecuador y todo el mundo. Actualmente el estudio es dirigido por la abogada Fiorella Gagliardo quien es la actual directora general de Crealegis.
El compromiso de la abogada María Gabriela Campoverde en el SENADI es dinamizar sus procesos para ofrecer un servicio más eficiente que brinde la seguridad que la propiedad intelectual lleva a cada emprendedor y empresario en el menor tiempo posible. Tiene como visión convertir a Ecuador en el primer país en Latinoamérica en servicio de propiedad intelectual lo cual va a atraer a la inversión extranjera que verá de una manera mucho más interesante su ingreso del país sabiendo que todas sus creaciones negocios y marcas estarán protegidos.
Propiedad Intelectual y Vacunas en Pandemia se denominó esta iniciativa organizada por FEFAS, y que contó con la exposición de Luis Villarroel, experto en propiedad intelectual, y fue moderada por Mauricio Huberman, past president del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, y quien es también secretario de FEFAS.
La charla, que se realizó el jueves 10 de junio, comenzó con la ponencia de Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte, quien posteriormente estableció un enriquecedor diálogo con Mauricio Huberman.
En primero lugar, Luis Villarroel explicó a los asistentes a la charla (la cual fue transmitida por el canal de Youtube de FEFAS) acerca del sistema de propiedad intelectual a nivel general, detallando el sistema de patentes, los secretos comerciales y el derecho de autor; haciendo especial énfasis en que el objeto de protección es el conocimiento.
Posteriormente, realizó un análisis crítico de este sistema de protección, cuestionando qué sería más primordial en un contexto como este, si el derecho a la salud o el derecho de propiedad. Asimismo, llevó a cabo una reflexión en torno al acceso a patentes relacionadas a vacunas Covid-19, preguntándose si lo que se está defendiendo finalmente ¿es el derecho de la industria, o el derecho del creador? Luego de estas reflexiones, el ponente dijo que “debemos generar un equilibrio entre la existencia de patentes y las exclusiones, para que también haya incentivo a las innovaciones. Justamente ese es el problema que tenemos hoy en día, la falta de equilibrio”.
A continuación, expuso acerca de las obligaciones de los países frente a la propiedad intelectual y las flexibilidades de los TRIPS, “que fueron creados para limitar los efectos negativos de un sistema abusivo de propiedad industrial. Claro que, para el uso de estas flexibilidades, se requiere un sistema público fuerte y organizado, cuestión que paradójicamente los países de América Latina carecen. Por el contrario, EE.UU. que sí cuenta con un sistema público fuerte, ya utiliza licencias obligatorias y flexibilidades de patentes, por ejemplo, en ese país un juez puede aplicar una licencia obligatoria sin la necesidad de tener una declaración de problema de salud pública, como sucede en Chile”, enfatizó el director de Corporación de Innovarte.
También destacó que la problemática sobre falta de acceso a medicamentos (sea de Covid, VIH, Hepatitis u otros) no se debe solo a las patentes, sino que también a los secretos comerciales. Mencionó, además, que dentro del proceso productivo de un medicamento existen varias patentes (por ejemplo, de los insumos iniciales, la composición, procesos tecnológicos, métodos de uso y presentación).
La exposición también introdujo a los asistentes en el conocimiento sobre licencias obligatorias en el marco jurídico internacional, donde se destacó el Convenio de París de Propiedad Industrial 1883, los Acuerdos de Propiedad Intelectual de la OMC (ADPIC, 1994), en sus artículos 31 y 44; la Declaración de Doha 2001.
Luego se expuso sobre la propuesta de exenciones de los ADPIC- Waiver, donde Luis Villarroel socializó con los asistentes la propuesta de India y Sudáfrica que hoy en día es apoyada por 63 países.
Al finalizar, hubo espacio para preguntas donde, entre otras materias, se conversó sobre la declaración de problema de salud pública respecto a Hepatitis C en Chile, el abuso en negociaciones de los laboratorios con los Estados en el marco de la pandemia, la disyuntiva del acceso al conocimiento de investigaciones que fueron financiadas con fondos públicos, el caso de Paraguay y la baja adquisición de vacunas, y el caso de Biolyse y su solicitud de licencia obligatoria en Canadá.
Asimismo, se concluyó que para todos los casos, no solo las patentes son importantes, sino también la transferencia de tecnología.
Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte, realizará la charla en vivo Propiedad Intelectual y Vacunas en Pandemia, organizada por la Federación Farmacéutica Sudamericana (FEFAS).
La exposición de Luis Villarroel consistirá en el contenido e implicancias de la propuesta de moratoria de patentes para las tecnologías COVI-19 en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el licenciamiento voluntario de esas tecnologías, denominado C-TAP.
La actividad se desarrollará el jueves 10 de junio, a las 20:00 (hora en Argentina), a través del canal de Youtube de FEFAS.
Este viernes 4 de junio se realizó el conversatorio virtual Derechos digitales aplicados al contexto de las bibliotecas, en el marco de las actividades del 2021 Año Iberoamericano de las Bibliotecas, actividad que contó con la presencia de Luis Villarroel, director de Innovarte.
En la oportunidad, el moderador fue Pedro Calandra (Facultad de Agronomía de la U. de Chile) e intervinieron Luis Villarroel (Corporación Innovarte), Arturo Infante (SADEL), Vladimir Garay (ONG Derechos Digitales) y Claudio Ossa (Departamento de Derechos Intelectuales del SNPC).
Precisamente, Claudio Ossa, Jefe del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, destacó el Centro de Registros Integrados Nacionales (CRIN), plataforma para el registro de obras intelectuales en Chile. También relevó lo realizado por el programa ONDAMEDIA en el ámbito digital y el pago por derechos de propiedad intelectual a creadores para generar una plataforma de acceso a obras audiovisuales. En su intervención también abordó la necesidad de tener una estrategia de propiedad intelectual a nivel regional, donde se amplíe e incluya temas de inteligencia artificial.
Posteriormente intervino Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte, quien trató dos temas relevantes: la agenda internacional en materia de propiedad intelectual y el Tratado de Marrakech. Indicó que el sistema de propiedad intelectual no estaba preparado para esta pandemia, y que es claro que debe actualizarse a las nuevas necesidades y experiencias digitales. Subrayó, sin embargo, que “también hoy en día existen excepciones que podrían ser utilizadas, tanto en el sistema internacional como a nivel legislativo nacional. La ley de Propiedad Intelectual chilena tiene espacios, pero insuficientes. Como ejemplo, faltan excepciones para préstamo digital controlado, minería de textos y datos, conservación y préstamo interbibliotecario y clarificación de usos transfronterizos”.
En torno al Tratado de Marrakech dijo que “hacen falta manuales, donde cada biblioteca regule sus prácticas en el marco de este tratado, para poder utilizarlo y beneficiarse de él. Asimismo, hace falta un manual general que explique lo que se puede y no se puede hacer en materia de propiedad intelectual en Chile”, enfatizó Luis Villarroel.
También expuso Vladimir Garay, director de incidencia de la ONG Derechos Digitales, quien abogó por redefinir el concepto de biblioteca más allá de un espacio físico, sino en virtud de su relacionamiento social.
Por su parte, Arturo Infante, primer vicepresidente de la Sociedad de Derechos de las Letras, estableció algunas ideas en torno a la protección de los creadores y sus obras, destacando que se necesitan leyes claras para proteger la propiedad intelectual en Chile, sobre todo de cara a las transnacionales como Amazon y la libre circulación de formatos PDF.
El evento fue cerrado por Luis Villarroel, quien señaló la relevancia de generar un trabajo colaborativo para formar una agenda de defensa del autor o autora que vele también por la transparencia de las editoriales y todas las entidades que forman parte de la cadena de valor, así como trabajar por difundir y utilizar las limitaciones al derecho de autor que hoy existen en favor de las bibliotecas. Para todo lo anterior propuso la conformación de una mesa de trabajo.
Ver webinar Derechos digitales aplicados al contexto de las bibliotecas
Este 28 de mayo se realizó una conferencia de prensa para relevar el primer año de esta iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que consistió en una sesión informativa de alto nivel con oradores de gobiernos, empresas y la sociedad civil que intervinieron en apoyo del C-TAP. El objetivo fue relevar el trabajo de C-TAP como una solución viable a los desafíos en la fabricación global y la distribución de suministro de tecnologías de salud contra el COVID-19 y el acceso universal a estas herramientas.
La actividad estuvo a cargo del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, quien hizo hincapié en las pérdidas humanas y económicas que ha provocado la pandemia, destacando el esfuerzo de algunos países por garantizar el acceso equitativo a vacunas. Asimismo, respecto a la cobertura de vacunación, comentó que “los objetivos de la OMS es tener un 10% de la población mundial vacunada a septiembre de este año, y ojalá un 30% a final de 2021. En ese sentido, es muy relevante que todos los países promuevan el acceso a este conocimiento esencial para aumentar la producción de vacunas”.
Posteriormente, realizó su intervención el Sr. Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República de Costa Rica, quien destacó que 42 Estados ya han respaldado el C-TAP y dio la bienvenida a España, país que se integró en el mes de mayo. La autoridad relevó la importancia de garantizar el acceso mundial al conocimiento, tratamientos, datos, tecnologías y medicinas relacionadas a la pandemia. “Existen desigualdades abrumadoras que han dejado en evidencia este contexto de emergencia, donde más del 50% de las vacunas para el COVID-19 se han usado en los cinco países más poderosos, y eso es vergonzoso”, enfatizó.
Por lo anterior, hizo un llamado -junto a los Estados que participan de C- TAP- a que los demás países compartan sus excesos en vacunas y que la única forma de superar esta pandemia es cooperar y ser solidarios.
Luego hizo su exposición Arancha González Laya, ministra de Asuntos Internacionales de España, quien destacó la relevancia de usar todas las flexibilidades en materia de propiedad intelectual para este objetivo, y trabajar en garantizar una distribución más rápida a todos los rincones del mundo, tanto de vacunas como del conocimiento asociado.
Dijo que “es muy relevante capitalizar Covax y disponer de vacunas, y por ello España se ha sumado al C- TAP, esperando colaborar con la producción de vacunas en todo el mundo, especialmente en países en desarrollo mediante su apoyo al banco de patentes de medicamentos y a Unitaid”. Asimismo, relevó la intención de España por relacionar a C- TAP con el CSIC, trabajo colaborativo que ayudará a la equidad en el acceso a vacunas.
A continuación, expuso el profesor Jesús Marco, vicepresidente del Spanish National Research Council (CSIC), quien señaló que han acordado licencias no exclusivas y colaborado con la OMS, creando licencias abiertas para tecnologías del CSIC, como por ejemplo, de pruebas para encontrar anticuerpos y diferentes anticuerpos de las vacunas versus anticuerpos de la infección. Hizo énfasis en que las investigaciones financiadas con fondos públicos deben ser compartidas de forma justa.
Posteriormente, Meryame Kitir, ministra de Bélgica en Cooperación y Desarrollo, expresó que “a nivel mundial hemos logrado producir vacunas a gran velocidad, pero tenemos deficiencias de distribución y debemos esforzarnos en hacerlo de manera justa. Por ello Bélgica tiene la disposición para compartir datos, conocimiento y tecnologías, así como como también, respaldar la producción local en África”. También subrayó que “el C-TAP es el espacio y momento adecuado para que demostremos como humanidad que somos capaces de cooperar y enfrentar juntos un enemigo común”.
Luego, intervino Budi Gunadi Sadikin, ministro de Salud de Indonesia, quien destacó que fueron de los primeros países en sumarse a C-TAP, en tanto cuentan con una importante capacidad de producción que abastece al Asia Sur Oriental, pero también dijo que si bien tienen capacidad para fabricar vacunas, no tienen acceso a otras tecnologías para producir vacunas que no sean del virus activo.
En el evento también participó Abdul Muktadir, chairman and managing director de Incepta Pharmaceuticals, quien en primer lugar señaló que es importante aclarar que la iniciativa C- TAP aún no ha dado resultados, y que el 80% de medicamentos siguen siendo fabricados por un puñado de empresas. Sin embargo, resaltó que los países pueden hacer algo al respecto y tomar opciones.
Hizo un llamado a no olvidar que existe una elevada capacidad de producción en países en desarrollo que podría impulsarse a través de C- TAP, ya que es muy importante compartir datos técnicos, y si no existe voluntad para ello, dijo que la OMS debería intervenir.
Señaló, además, que compartir este conocimiento también se ve obstruido por disposiciones legales, y puso como ejemplo a Bangladesh. Finalizó colocando énfasis en que falta aprovechar esta iniciativa para mejorar la disposición de vacunas a nivel mundial.
Por último, intervino Alejandra Sánchez Cabezas, directora del Observatorio de Salud de Argentina, quien recalcó que existe mucha preocupación por poder acceder al conocimiento que permita vencer a esta pandemia, y que la sociedad civil considera que a la OMS le tomó décadas aceptar la salud como un Derecho Humano, y que este es justamente el momento para demostrarlo y poner en práctica el ejercicio de nuestros derechos.
Mencionó, además, que el acceso a vacunas es un fenómeno que va más allá del tema de patentes, sino que también se relaciona con los contextos sociales y políticos que comienzan a amenazar la estabilidad democrática y la paz en países de América Latina.
Ver conferencia de prensa del primer aniversario de la iniciativa C-TAP
Antes de la 74a Asamblea Mundial de la Salud, Health Action International, Knowledge Ecology International y Medicines Law & Policy organizaron conjuntamente el 21 de mayo un debate con un panel de alto nivel sobre lo que debe decir un tratado de respuesta a una pandemia sobre el intercambio de derechos sobre invenciones y datos y acceso a conocimientos técnicos y recursos biológicos, incluidos los derechos en la investigación financiada por el gobierno, para aumentar la producción de vacunas para satisfacer la necesidad global.
La actividad contó como moderadora a la Dra. Ellen ‘t Hoen, Directora, Legislación y Políticas de Medicamentos. Expusieron Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA; Catalina Devandas, Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas; Dr. Anban Pillay, Director General Adjunto, Regulación y Cumplimiento de la Salud, Departamento Nacional de Salud, Sudáfrica; Dr. Philippe Duneton, director ejecutivo de Unitaid; y Dr. Martin Friede, Coordinador, Iniciativa para la Investigación de Vacunas (IVR) Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos (IVB), Organización Mundial de la Salud.
Además tuvieron destacadas intervenciones James Love (KEI), Jaume Vidal (HAI), Anna Marriott (Oxfam) y Luis Villarroel (director de Corporación Innovarte). Precisamente, Luis Villarroel en su presentación sostuvo que el nuevo tratado incluye obligaciones en el ámbito de la propiedad intelectual para que:
1.- Los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos sean compartidos mundialmente en casos de pandemia, utilizando mecanismos como el C -TAP o el Medicines Patent Pool.
2.- Se establezcan las obligaciones de no invocar las disposiciones de tratados de propiedad intelectual o de inversiones para demandar a Estados que adopten limitaciones a la propiedad intelectual en caso de pandemia.
3.- En caso de pandemia se reemplacen los derechos exclusivos de propiedad intelectual por derechos de simple remuneración, con respecto de las tecnologías apropiadas para la pandemia.
4.- Que se establezcan mecanismos para que los particulares que requieran acceso a conocimiento sujeto a propiedad intelectual y que no puedan hacerlo por falta de implementación del tratado de pandemia, puedan demandar directamente a los Estados que están en incumplimiento, al igual que lo pueden hacer los inversores de conformidad con los tratados de protección de las inversiones.
Asimismo, el director de Corporación Innovarte, agregó que “la propiedad intelectual, incluyendo las patentes, tienen como limitante natural el interés público, particularmente la seguridad y la salud pública, y no puede ser de otra manera. Una, sino la principal razón de la organización de los seres humanos bajo la figura del Estado, es mantenerse vivos. Las leyes tienen como justificación el bien común. Si una ley genera derechos y las correspondientes obligaciones que causan la muerte y una crisis de seguridad, como la causa una pandemia sin control, obviamente esa ley pierde legitimidad y razón de ser”.
“Por eso todos los tratados de propiedad intelectual multilaterales que dan origen al marco internacional de la propiedad intelectual consideran limites a los derechos que establecen con motivo del orden público y la seguridad pública, ejemplo de ello son los artículos 17 del Convenio de Berna de Derechos de Autor o el artículo 73 de los ADPIC”, enfatizó Luis Villarroel.
Por otro lado, Villarroel señala que las disposiciones sustantivas de los tratados de propiedad intelectual en materias de patentes reconocen expresamente la posibilidad de excepciones y usos no autorizados (remunerados o no). Comenta que las leyes nacionales precisamente incluyen por regla general la limitación del derecho de patentes por razones de salud pública, justamente para operacionalizar ese compromiso social que los derechos de propiedad intelectual deben someterse al interés público.
“El waiver no es sino una manifestación de esa potestad de los Estados que se hace necesaria para eliminar el riesgo que implican las demandas por parte de 3 países que quieran hacer prevalecer el interés comercial de sus empresas titulares de derechos de propiedad intelectuales”.
“La necesidad de incluir en el Tratado de Preparación para las pandemias las obligaciones de implementar las flexibilidades que permite el sistema de propiedad intelectual, radica en que si bien los países pueden en sus leyes nacionales poner excepciones o limitaciones de manera individual, en la práctica no lo han hecho, o de manera insuficiente, debido a la presión de los lobbies de las multinacionales, así como la amenaza de países desarrollados que, si bien tienen en sus legislaciones las limitaciones, no permiten a otros naciones utilizarlas, por lo que se requiere un mandato internacional, dentro del nuevo tratado que los obligue a hacerlo”, finalizó Luis Villarroel.
Este 4 y 5 de mayo se realizó este webinar y que fue organizado por el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) de Ecuador y Corporación Innovarte de Chile.
Entre los temas tratado el primer día estuvo los derechos de autor y conexos y pandemia, la problemática para la educación, investigación y función de las bibliotecas y archivos, las soluciones en el marco del derecho internacional de los derechos de autor. En el marco de este última tema expuso Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte, con la presentación “La propuesta de Declaración Conjunta de la OMPI sobre Derecho de Autor y Salud Pública y Plan de Trabajo”.
En el segundo día se trató el tema de cómo avanzar en la agenda del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la OMPI, además de la realización de mesas redondas abiertas y exposiciones sobre los derechos de los radiodifusores.
El director general de SENADI, Santiago Cevallos, afirmó que fue un espacio de diálogo que permitió realizar una evaluación a lo interno de las oficinas de Propiedad Intelectual. “En la primera mesa de discusión se analizó el trabajo a mediano y largo plazo en torno a los educadores, ya que ellos están en primera línea de la pandemia del COVID-19. Además se propuso realizar conversatorios con el soporte de algunas organizaciones como la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para construir propuestas que beneficien al Derecho de Autor”, sostuvo.
Frases importantes de algunos expositores del evento
Santiago Cevallos (Ecuador): “Es necesario reflexionar si las propuestas planteadas en el espacio de negociación son suficientes y son las que deben ser discutidas con respecto al contexto”.
Gloria Pérez (IFLA): “América Latina, cuando nos unimos somos muy valientes y logramos ratificar el tratado de Marrakech y hacerlo internacional”. “Debemos asegurarnos de que no se debe impedir que las bibliotecas protejan su patrimonio con la tecnología necesaria”. “Esperamos que podamos aprovechar el espacio que nos da la OMPI para hacer modelos de colaboración transfronteriza”. “Esperamos que América Latina pueda ser un motor de cambio en todo el mundo”. “Necesaria utilización de tecnología moderna para preservación”.
Nikola Watcher (Internacional de Educación): “Es necesario que podamos utilizar el material de manera flexible. Es importante que los estudiantes creen nuevos conocimientos y contribuyan a la sociedad para lograr sus agendas, manteniendo un enfoque equilibrado”. “Estamos conscientes que las leyes de derecho de autor no están orientadas a una situación de pandemia y debemos ir más allá, en esta situación urgente para nuestros profesores para que aseguren una educación de calidad, y los derechos de autor, en este caso, es una carga innecesaria”.
Allan Rocha: “Se necesitan algunas excepciones a la investigación, existen sociedades civiles e investigadores que pueden ayudar a redactar un texto acorde. Esto permitiría que no crezca la brecha entre nosotros y los países en desarrollo”. “Menos del 25% de los países permiten compartir materiales para la investigación”.
Beatriz Busaniche: “Es fundamental que podamos hacer un uso extensivo de las flexibilidades que ya contamos con respecto a la emergencia”. “Hay que ver el valor económico real de las limitaciones a los derechos de autor. Hay que alentar a la secretaría a que invite a bibliotecas, archivos, etc, que participen en toda ocasión en que se lleven adelante actividades de desarrollo de las capacidades, siendo importante el diálogo para que se comprenda que estas flexibilidades no son algo malo si no que contribuye a tener insumos de su trabajo fundamental”. “Hay que buscar la despenalización a quienes trabajan en el acceso a la cultura, es esencial tener un mecanismo de prevención, que ante la duda puedan preferir su misión”.
Andrés Izquierdo: “No pueden existir si no hay excepciones a la propuesta de radiodifusión. Las limitaciones y excepciones deberías seguir lo del tratado de Roma”. “Como articular las limitaciones al derecho de autor, y debe ir de la mano con la agenda de la OMPI en esta materia”. “El tratado debe ser un espacio con distintos sectores, en donde se incluyen limitaciones y excepciones adecuadas en este momento de la historia”. “Las discusiones son distintas, y traer diferentes posiciones y vistas, se garantizara un espacio más equilibrado para el tratado”.
Ruben Trajman: “El principal problema es la definición conceptual de las cosas, porque el concepto de radiodifusión cambia en el tiempo”.
Los Co-Presidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), realizaron declaración con respecto a la distribución equitativa y solidaria de las vacunas contra el COVID-19.
El día 6 de mayo, los Co-Presidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), realizaron declaración en donde reiteraron su preocupación por el devastador impacto de la pandemia de COVID-19, que a lo largo de los últimos catorce meses ha afectado a millones de personas, se ha cobrado centenares de miles de vidas en nuestros dos continentes y ha provocado una crisis económica que ha impactado drásticamente.
Se destaca el numeral dieciseis de la declaración, en que se señala que los Co-Presidentes de la Asamblea, “Dan la bienvenida a la posición manifestada por el presidente Joe Biden de Estados Unidos y exhortan a los gobiernos de ambas regiones a impulsar el levantamiento con carácter excepcional y temporal de las patentes para las vacunas y medicamentos para tratar la COVID-19. Hacen un llamado a los gobiernos para que consideren las vacunas contra la COVID-19 como un bien de interés público global e intensifiquen sus esfuerzos para facilitar el acceso y distribución equitativa de las vacunas, terapias y equipo médico para el conjunto de la población, incluyendo el apoyo de otros actores de la sociedad civil y de las organizaciones económicas cuando las autoridades competentes lo estimen oportuno, en pleno respeto a los criterios y requisitos sanitarios fijados por las autoridades nacionales para el conjunto de la población.”
Lo anterior, marca un precedente que pone aún más presión a los paises que han ido en contra de la iniciativa, en especial el bloque europeo, ya que la declaración solicita a los gobiernos de Europa y Latinoamerica que apoyen liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19.
