El Parlamento de MERCOSUR pide considerar a la vacuna contra el COVID-19 un “bien público global”

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El Parlamento del Mercosur, PARLASUR, aprobó una resolución en apoyo al levantamiento y suspensión transitoria de los derechos de patentes de las tecnologías contra el Covid-19 mientras dure la pandemia, de manera de garantizar el acceso libre a la vacuna contra el Covid-19. En ese sentido, la resolución aprobada declaró la necesidad de que se considere la vacuna un bien público y global.

Además, el PARLASUR declaró su apoyo para que los Gobiernos “establezcan los lineamientos, los criterios y las acciones conducentes a garantizar el libre acceso a la vacuna en el MERCOSUR, de manera de poder acelerar lo máximo posible los planes de vacunación de cada uno de los Estados Parte”.

Leer declaración del PARLASUR aquí:

Resultados de la encuesta sobre conocimiento y participación en la iniciativa C-TAP de la OMS

Corporación Innovarte le invita a conocer los resultados de la encuesta sobre el nivel de conocimiento y participación de los Centros de Investigación, Universidades, instituciones e investigadores en la iniciativa COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) de la Organización Mundial de la Salud.

La encuesta fue elaborada por la Corporación Innovarte a fin de identificar los cambios necesarios y advertir sobre los problemas existentes respecto a la información y los procedimientos para la utilización de la plataforma C-TAP. La encuesta fue respondida por 121 Centros de Investigación y Universidades de Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela.

Leer resultados de la encuesta aquí:

El Foro de precios justos finaliza con buenas intenciones y nuevos compromisos de la OMS

El tercer Foro de Precios Justos de la OMS sobre cómo alcanzar precios más justos en medicamentos y herramientas de salud finalizó el jueves 22 de abril después de seis días de intensas conversaciones mantenidas virtualmente con más de 700 participantes.

El Foro de este año contó con el apoyo del Gobierno de Argentina y la participación de los principales actores del área de acceso a productos de salud, entre los que destacan los gobiernos, la sociedad civil y la industria farmacéutica.

De las discusiones surgieron tres temas principales

La transparencia de los precios y los mercados de los productos para la salud dominó la mayoría de las sesiones como un tema general. La transparencia se consideró fundamental para informar la toma de decisiones y políticas gubernamentales efectivas para aumentar el acceso. Cuando los gobiernos conocen y comprenden el costo de la investigación y el desarrollo y tienen visibilidad de los procesos de la cadena de producción y suministro, están mejor equipados para valorar los productos sanitarios y negociar precios más justos.

Muchos participantes también hicieron hincapié en la necesidad de un papel más fuerte del gobierno. Los gobiernos tienen interés en establecer la agenda de innovación y, por lo tanto, deberían participar más estrechamente con todas las partes interesadas, incluido el sector privado, para alinear los incentivos para el acceso a precios más justos durante todo el ciclo de innovación. Esta necesidad se volvió sumamente relevante durante la pandemia de COVID-19, pero la lección aprendida de manera más general es que se necesita una colaboración continua para garantizar que la innovación aborde las necesidades de salud pública y sea accesible a precios más justos.

Las políticas gubernamentales de precios o los controles regulatorios y las colaboraciones entre países o regionales seguirán siendo importantes para lograr precios justos y asequibles y crear mercados prósperos y competitivos, especialmente para productos de salud de múltiples fuentes.

Se necesita más trabajo para acelerar el acceso a productos de salud seguros y eficaces y garantizar que los precios sean asequibles para los sistemas de salud y los pacientes. Esto incluye hacer un mejor uso del poder colectivo de los países, determinar el verdadero valor de las tecnologías de la salud y una regulación eficaz y herramientas legales para mejorar la asequibilidad y frenar las prácticas de precios excesivos.

En el Foro participó como panelista Luis Villarroel, abogado y director de Corporación Innovarte, quien expuso sobre los desafíos para la implementación de las flexibilidades de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y la falta de preparación para su ejecución en las legislaciones latinoamericanas.

Acciones de la OMS

La OMS planea intensificar las acciones en el área de precios de tecnologías sanitarias y mantendrá la conversación hasta el próximo Foro en 2023 a través de discusiones virtuales y un centro de conocimiento al que cualquier parte interesada puede unirse y utilizar para llegar a expertos y socios, y compartir opiniones e información.

A finales de este año, la OMS lanzará su herramienta electrónica actualizada, MEDMON, diseñada para monitorear la disponibilidad y los precios de los productos de salud en los países. La herramienta será de libre acceso y estará disponible para todos.

La OMS seguirá apoyando a los países en el desarrollo de sistemas de seguimiento de precios nacionales o regionales y organizando más seminarios web y cursos de formación para fortalecer la capacidad de los responsables de la formulación de políticas.

La OMS también seguirá abogando por precios más asequibles de las tecnologías sanitarias mediante el asesoramiento sobre políticas y enfoques para transformar los mercados y mejorar los sistemas de salud a fin de proporcionar un mejor acceso a los productos sanitarios esenciales y lograr la salud para todos.

Caggiani cuestionó el no apoyo de Uruguay a la propuesta de que se liberen los derechos de propiedad intelectual de las vacunas

Escrito por Marcelo Hernández Fecha de publicación Abr 3, 2021

El parlamentario de izquierda enfatizó que esta liberación posibilitaría que Uruguay y otros países pudieran producir sus propias vacunas, lo que haría que el proceso sea más rápido y que las naciones subdesarrolladas puedan acceder a las dosis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsó una iniciativa para que las vacunas puedan ser producidas mucho más rápido y todos los países (especialmente los subdesarrollados) puedan acceder a ella.

Varios países están pidiendo que se suspendan los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para poder acelerar la producción de vacunas. Hasta ahora no han tenido éxito, informó en su cuenta de Twitter el diputado del MPP-FA, Daniel Caggiani, y se lo reiteró a LA REPÚBLICA.

En ese marco, Sudáfrica e India llevaron esta propuesta a la Organización Mundial del Comercio (OMC)

La mayoría de los países del sur global están de acuerdo con esta propuesta en las Naciones Unidas, mientras que EE.UU., la Union Europea, Japón y Brasil, entre otros, están en desacuerdo con esta postura, informó el parlamentario, quien agregó que “Uruguay votaría en contra.

Ante esto, preguntó: “¿Por qué Uruguay no acompaña esta iniciativa en la OMC que es a favor de liberar las patentes de las vacunas? 

¿Cuáles son las razones por las que un país se negaría a sí mismo un acceso libre, equitativo y mayoritario a las vacunas?”.

Además, Caggiani sumó que “la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) también está trabajando en una declaración en apoyo a la iniciativa de la OMS. El posible veto de Uruguay y otros países no permitiría un posicionamiento común de la región en un tema tan sensible e importante para la salud de nuestra población”.

Y fue más allá al sostener que “esto retrasaría los efectos positivos de estos avances científicos y el esfuerzo de muchos países que financiaron la investigación de vacunas quedaría liberado al lucro de las corporaciones farmacéuticas”. 

Tres de cuatro vacunas distribuidas en el mundo fueron a parar en solo 10 países desarrollados

Recordó el legislador que “los países del tercer mundo están relegados en el acceso a las vacunas. Según la OMS, a febrero, el 75% de las vacunas se habían repartido sólo entre 10 países desarrollados. Las asimetrías entre los países se están viendo en este “apartheid” de vacunas” y se preguntó: “¿Por qué no se liberan las patentes de las vacunas de covid-19 para que puedan producirse?”.

Insistió Caggiani con que “hay una gran preocupación de la ciudadanía sobre el acceso y llegada de las vacunas. Demoras y negociaciones complejas y secretas hacen que el proceso sea poco transparente. Dependemos de la capacidad de pago de los países y la voluntad de los laboratorios para producirla y ponerle precio” y añadió que “liberar su licencia significa que este bien desarrollado por la humanidad en su conjunto sea de libre acceso para todas y todos, dejando atrás las regalías a las empresas que las desarrollaron. La posible liberación de sus patentes puede ser un impulso a mejorar la producción y su suministro para toda la humanidad y especialmente a los países en desarrollo y más pobres. Además, es anteponer la vida y la salud de la población mundial al lucro privado de unos pocos”.

Para terminar, volvió a preguntarse: “¿No entendemos cuáles pueden ser los motivos para negarnos a esta iniciativa? ¿Qué fundamentos está manejando el Gobierno uruguayo para no acompañarla? ¿Por qué no lo está haciendo?”, concluyó.

Leer nota original en republica.com.uy

Cámara de Diputados envía oficio al Ministro de Salud y de Relaciones Exteriores para que informe sobre el cumplimiento de Resolución N° 1351 sobre C-TAP

Con fecha 26 de marzo de 2021, la Cámara de Diputados requirió que se oficie al Ministro de Salud y al Ministro de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento de la Resolución N° 1351 de fecha 14 de octubre del año 2020, indicando si en uso de sus facultades, ha requerido a la Organización Mundial de la Salud fortalecer y acelerar la implementación del Covid-19 Technology Access Pool, precisando las medidas que se están adoptando en Chile actualmente para difundir los beneficios y la orientación sobre cómo participar en la iniciativa C-TAP, para los titulares de derechos de propiedad intelectual, Universidades, centros de investigación, farmacéuticas y otras instituciones relacionadas a la investigación de tecnologías para combatir el Covid-19.

Leer oficio 72190 aquí :

Leer oficio 72189 aquí:

Leer oficio 72188 aquí:

Presidencia de la República responde carta que solicita el apoyo de Chile en la propuesta de exención en materia de patentes

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Con fecha 23 de marzo de 2021, por especial encargo presidencial, se envió respuesta a la presentación de la Corporación Innovarte dirigida a la Presidencia de la República de Chile, y se derivó al Ministerio de Relaciones Exteriores por la Dirección de Gestión Ciudadana de la Presidencia.

La carta enviada por Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte, junto al Colegio Químico Farmacéutico de Chile y organizaciones civiles, solicita al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que anteponga la producción y acceso a tratamientos y vacunas contra el Covid-19 por sobre las patentes de empresas multinacionales.

Revisa respuesta a la carta a continuación:

CONICYT responde solicitud de acceso a la información sobre instituciones receptoras de fondos públicos

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La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) envío respuesta a la solicitud de información presentada por parte de la Corporación Innovarte con fecha 5 de noviembre de 2020, en relación a los beneficiarios de fondos públicos para la investigación, desarrollo o producción de medicamentos, vacunas, respiradores, mascarillas, y otras tecnologías para satisfacer las problemáticas asociadas al Covid-19:

CORFO y MICITEC responden solicitud de acceso a la información sobre instituciones receptoras de fondos públicos

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La Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación envío respuesta a la solicitud de información por parte de la Corporación Innovarte en relación a los beneficiarios de fondos públicos para investigaciones y desarrollos relacionados con pandemia covid-19:

Asimismo, la Corporación de fomento respondió a la solicitud de información de la Corporación Innovarte sobre financiamiento de proyectos para Covid-19:

Las organizaciones internacionales de investigación apoyan la exención de los ADPIC de la OMC para el COVID-19 en materias de derechos de autor

Publicado por PIJIP | 21 de marzo de 2021 | Coronavirus, Eventos, PI e investigación, PI y derechos humanos, Foros multilaterales

Más de 250 organizaciones e investigadores y expertos destacados, que representan a millones de investigadores, educadores, bibliotecas y organizaciones de apoyo a nivel mundial, piden la reducción de las barreras de derechos de autor para la prevención, la contención y el tratamiento del COVID-19.

Descargue la declaración completa (PDF)

Washington, DC – Por primera vez hoy, las organizaciones de investigación y educación de todo el mundo se unen al llamado de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender temporalmente sus reglas sobre propiedad intelectual donde sea necesario para apoyar la prevención, contención y tratamiento de COVID. 19. Su declaración llama especialmente la atención sobre la necesidad de incluir reglas de derechos de autor dentro de la renuncia. Los partidarios de la Declaración celebrarán un evento público en línea y una conferencia de prensa el lunes 22 de marzo, 9 am EDT / 1 pm UTC (Regístrese para unirse). PIJIP patrocina este evento como parte de un programa de actividades que exploran el derecho humano a la investigación y su aplicación en las leyes y políticas internacionales de derechos de autor, con el apoyo del Programa de Acceso Abierto del Fondo Arcadia.

Líderes en educación, investigación y derechos de autor

Más de 100 organizaciones y más de 150 académicos internacionales y otros expertos están publicando la declaración, que se entrega hoy a la Organización Mundial del Comercio. Los signatarios incluyen las federaciones de bibliotecas y educación más grandes del mundo. Los patrocinadores incluyen a la Internacional de la Educación, que representa a más de 30 millones de profesores en todo el mundo; y la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), que representa a más de 1.500 bibliotecas e instituciones de investigación en más de 150 países.

Entre los firmantes individuales se encuentran destacados investigadores internacionales en salud, entre ellos Jorge Bermúdez, Jefe del Departamento de Políticas de Asistencia y Medicamentos Farmacéuticos (NAF) de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensp / Fiocruz) de Brasil; Joel Lexchin, MD, Universidad de Toronto, autor de más de 140 artículos revisados ​​por pares sobre política farmacéutica; John Willinski de la Universidad de Stanford, un destacado académico y defensor de la investigación de acceso abierto. La declaración está respaldada por destacados académicos de derechos de autor y propiedad intelectual, incluidos Peter Jaszi y Pat Aufderheide de American University, autores de Reclaiming Fair Use; Caroline Ncube, Cátedra de Investigación DST / NRF SARChI en Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo en la Universidad de Ciudad del Cabo y autora de Ciencia, Tecnología e Innovación y Propiedad Intelectual: Aprovechando la Apertura para el Desarrollo Sostenible en África; y Madhavi Sunder, profesor de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y autor de From Goods to a Good Life: Intellectual Property and Social Justice.

La necesidad de reglas de derechos de autor que apoyen la prevención, contención y tratamiento de COVID

El comunicado apunta a “profundas desigualdades en el acceso al conocimiento” que han sido “agravadas” por COVID-19:

“En algunos países con sistemas de derechos de autor flexibles, los residentes pueden acceder y utilizar materiales esenciales en actividades de educación, aprendizaje e investigación remotas, acceder y utilizar virtualmente las colecciones de bibliotecas y otras instituciones, y contribuir a la investigación sobre tratamientos utilizando procesos avanzados como minería de texto y datos. Pero estas actividades no se llevan a cabo en todas partes porque no son legales en todas partes”.

La declaración señala dos formas en que se necesita acceso a obras con derechos de autor para respaldar las respuestas a COVID-19:

El acceso a obras protegidas por derechos de autor es necesario para la prevención y contención de COVID-19 al permitir el acceso a escuelas, bibliotecas y otras instituciones esenciales desde los hogares de los usuarios. “En demasiados países, las leyes de derechos de autor no permiten el uso digital remoto de obras para actividades esenciales”, explica la Declaración. Las leyes de derechos de autor de muchos países no permiten a los investigadores, académicos o bibliotecas acceder y utilizar materiales esenciales para la educación y la investigación a distancia, lo que los obliga a correr el riesgo de viajar o suspender su trabajo.

El acceso a obras con derechos de autor puede ser necesario para desarrollar tratamientos de COVID-19. “En demasiados países, los investigadores carecen de los derechos que necesitan para utilizar las metodologías de investigación más avanzadas, como la minería de textos y datos, para ayudar a encontrar y desarrollar tratamientos para COVID-19”, explica la Declaración.

Según Sean Flynn, director del Programa de la Universidad Americana sobre Justicia de la Información y Propiedad Intelectual y organizador de la declaración:

“Las necesidades de una política de propiedad intelectual para dar cabida a las medidas de emergencia para prevenir y tratar COVID-19 no se limitan a la ley de patentes. La prevención de la propagación de la pandemia requiere investigar y aprender en línea. El descubrimiento, desarrollo y utilización de tratamientos para COVID-19 requiere usos de alta tecnología como minería de texto y datos, inteligencia artificial e ingeniería inversa de software. Necesitamos una alteración urgente de emergencia de las reglas de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, para permitir el esfuerzo global completo requerido para derrotar al virus”.

Catherine Stihler, directora ejecutiva de Creative Commons, explicó:

“La crisis de salud mundial provocada por la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve los profundos desequilibrios de las normas de propiedad intelectual de la OMC consagradas en el acuerdo ADPIC. En Creative Commons, creemos que las normas internacionales de derechos de autor no deben obstaculizar el acceso y el intercambio de conocimientos para ayudar a combatir la pandemia; en su lugar, deberían proporcionar acceso y uso equitativos de materiales esenciales en actividades de educación, aprendizaje e investigación a distancia; acceso virtual y uso de las colecciones de la biblioteca; e investigación sobre tratamientos que utilizan procesos avanzados como la minería de datos y texto. También creemos que el sistema internacional de propiedad intelectual debería permitir un acceso público amplio y temprano a medicamentos, tratamientos y vacunas. Por lo tanto, pedimos a los miembros de la OMC que respalden la propuesta de exención de los ADPIC y actúen con urgencia para orientar a los países a abordar las barreras de derechos de autor al acceso al conocimiento para defender los derechos fundamentales y el interés público”.

Ejemplos de usos prácticos del derecho de autor en la prevención, contención y tratamiento del COVID-19

Una empresa de inteligencia artificial, que se basaba en la extracción de texto y datos de fuentes con derechos de autor, incluidos periódicos, descubrió por primera vez el brote del virus en enero de 2020.

Posteriormente, los investigadores utilizaron la extracción de textos y datos de publicaciones científicas para ayudar en la investigación de vacunas.

El gobierno federal alemán llevó a cabo un hackathon llamado #WirvsVirus (“Nosotros contra el virus”) donde 42.000 personas se reunieron para diseñar la electrónica y los algoritmos para desarrollar un ventilador pulmonar de código abierto.

Todos estos y otros esfuerzos para involucrar al mundo en una ampliación rápida y masiva de la respuesta al tratamiento de COVID sobre el acceso a los derechos de autor, incluidos los escritos científicos, el software y los diseños.

Ejemplos de barreras de derecho de autor para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19

Una exención temporal de las normas de la OMC sobre derechos de autor dejará en claro a todos los países que pueden adoptar medidas de emergencia para superar las barreras de los derechos de autor para la prevención y la contención del tratamiento de COVID. Tales barreras son comunes en muchas leyes restrictivas de derechos de autor en todo el mundo.

Investigación

Las barreras de los derechos de autor pueden bloquear la investigación necesaria. Un proyecto del Programa de Justicia de la Información y Propiedad Intelectual (PIJIP) de American University está mapeando las leyes de derechos de autor del mundo y sus excepciones, lo que permite usos de investigación para metodologías avanzadas como la minería de texto y datos y el aprendizaje automático. Los resultados preliminares de ese proyecto se presentaron a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el año pasado, lo que demuestra que muchos países no permiten tales métodos. El Profesor Sean Flynn, Director del PIJIP, testificó ante la OMPI:

“Solo una minoría de países autoriza el intercambio de textos y bases de datos de extracción de datos entre investigadores necesarios para la colaboración, incluso a través de las fronteras. Y una serie de países todavía proporcionan solo la excepción mínima obligatoria requerida por el Convenio de Berna para las citas: de hecho, prohíben los usos de minería de datos y texto”.

Lucie Guibault, profesora, directora adjunta del Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad de Dalhousie, Canadá, miembro del equipo de investigación de PIJIP, explicó:

“Los derechos de autor pueden crear obstáculos importantes para la búsqueda de esfuerzos de investigación esenciales y la aparición de soluciones a la crisis del COVID-19. Sin limitaciones adecuadas y excepciones a los derechos exclusivos, la ley de derechos de autor puede impedir el uso de técnicas, como la minería de texto y datos y el aprendizaje automático, que son necesarias para desarrollar nuevos tratamientos. La exención de los ADPIC puede ayudar a asegurar a los países su capacidad para enmendar urgentemente o renunciar temporalmente a las reglas de derechos de autor que obstruyen los métodos de investigación esenciales para el bien común”.

Christophe Geiger, profesor de derecho en la Universidad de Estrasburgo, otro miembro del proyecto PIJIP, explicó con más detalle la relación entre los derechos de investigación y los derechos humanos fundamentales, incluso en la UE:

“El derecho a la investigación tiene una sólida base de derechos humanos y está protegido a nivel internacional, europeo y nacional. Basado en el derecho a la información, incluye un derecho activo a la búsqueda de información efectiva y objetiva mediante el uso de fuentes existentes, lo que implica en el entorno digital poder utilizar de manera lícita técnicas de minería de textos y datos (TDM) para realizar investigaciones. Esto es muy problemático en la UE ya que las excepciones TDM recientemente introducidas a los derechos de autor y derechos afines están diseñadas de una manera demasiado restringida y contienen mecanismos de exclusión voluntaria que podrían poner en peligro su eficiencia y su armonización. Esto conducirá a una desventaja competitiva significativa para la UE en lo que respecta a la investigación y el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para abordar muchas cuestiones de interés público”.

Tiago Lubiana, candidato a doctorado en bioinformática de la Universidad de São Paulo, Brasil, describió las dificultades prácticas de participar en la investigación de minería de datos y texto en Brasil:

“Trabajo con la biocuración de conceptos biomédicos y utilizo la minería de datos y texto en mi trabajo. La investigación de minería de datos y texto es necesaria porque hay demasiado contenido publicado sobre muchos temas para que cualquier humano individual lo procese a través de la lectura tradicional. El uso de licencias abiertas y permisos de derechos de autor para la investigación nos permite, como investigadores, utilizar el aprendizaje automático para extraer el significado de millones de artículos. Si un recurso no está explícitamente bajo una licencia abierta, no podré usarlo correctamente en proyectos de minería de texto, por temor a problemas legales. Proyectos como Wikipedia y Wikidata y los principales recursos de ciencias de la vida, como UniProt y Gene Ontology, tienen un impacto limitado cuando las fuentes están sujetas a derechos de autor indebidamente estrictos. Los derechos de autor son una barrera para la ciencia en muchos países con leyes de derechos de autor restrictivas; no podemos permitirnos barreras adicionales en la lucha contra COVID-19”.

Tel Amiel, Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, declaró:

“La información científica y los recursos educativos relacionados con la pandemia COVID-19 deben circular de manera oportuna y efectiva, y esto solo se puede lograr si se hace abiertamente sin barreras ni limitaciones legales. Esto debe ser para que las comunidades y los actores locales puedan aprender y compartir los mecanismos de prevención y participar de manera efectiva en la búsqueda de soluciones a los problemas que surgen continuamente”.

Anubha Sinha, del Center for Internet and Society (CIS), la organización sin fines de lucro líder en la India en Internet y tecnologías digitales, explicó:

“Si bien el desarrollo de la vacuna ha avanzado considerablemente, aún se están realizando pruebas para producir candidatos para el tratamiento CoViD-19. En 2020, los asesores científicos en jefe de trece países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Japón, India, Sudáfrica y Brasil, enfatizaron la necesidad de acceso abierto a los artículos científicos publicados para contener la pandemia de manera efectiva. Los compromisos voluntarios limitados para el acceso abierto han sido útiles, pero persisten enormes disparidades en el potencial de investigación entre países, lo que perjudica la misión de la investigación médica y científica mundial. Un estudio de 2020, por ejemplo, destacó que solo el 25% de las leyes de derechos de autor del mundo permitían la minería de datos y textos no comerciales. El escenario requiere una solución internacional conjunta que no solo afirme las flexibilidades de los ADPIC, sino que también faculte a los países para promulgar leyes adecuadas que eliminen las barreras de los derechos de autor en situaciones de emergencia”.

Annette Markham, profesora, directora del Centro de Investigación de Etnografía Digital e investigadora especializada en marcos para la investigación en Internet y la ética de los datos, Universidad RMIT, Melbourne, Australia

“Las leyes de derechos de autor anticuadas restringen el desarrollo del conocimiento en demasiados países. COVID-19 es solo una de las muchas crisis planetarias que necesitamos que los científicos aborden colectivamente. No podemos hacer esto con la persistencia de firewalls de derechos de autor obsoletos. Los cortafuegos son construidos y reforzados por aquellos que ya tienen un fuerte acceso. A menos que experimente los efectos devastadores como científico en el terreno, es difícil ver por qué es tan importante. Las iniciativas de acceso abierto y ciencia abierta en todo el mundo han desarrollado modelos bien probados para políticas que son menos restrictivas. Las partes interesadas clave en torno a las leyes de derechos de autor pueden tomar medidas que aseguren a las personas el derecho a acceder a información que pueda ayudarlas a beneficiarse del progreso científico y participar en él”.

Reparación de dispositivos médicos

Los derechos de autor pueden obstaculizar las reparaciones de emergencia de los equipos médicos necesarios para tratar el COVID-19 que se incorporó al software y otros elementos protegidos por derechos de autor. En reconocimiento de este problema, la Ley de derecho a reparación de infraestructura médica crítica de 2020 introducida en el Senado y la Cámara de Representantes de los EE. UU. Suspendería temporalmente los derechos de autor y otras restricciones que bloquean las reparaciones necesarias de equipos médicos esenciales, como ventiladores, durante el COVID. 19 pandemia. El senador Ron Wyden, de los patrocinadores del proyecto de ley, explicó:

“No hay excusa para dejar a los hospitales y a los pacientes varados sin el equipo necesario durante la pandemia más extendida que ha azotado a los EE. UU. En 100 años. Es de sentido común decir que a los técnicos calificados se les debe permitir hacer reparaciones de emergencia o mantenimiento preventivo, y no tener sus manos atadas por contratos y leyes de derechos de autor demasiado restrictivos, hasta que esta crisis termine “.

Actividades online y a distancia

Muchas excepciones de derechos de autor impiden las actividades en línea y a distancia necesarias durante COVID. Un estudio reciente encargado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, competido antes de que comenzara la pandemia COVID-19, concluyó que la mayoría de las leyes en todo el mundo no permiten los usos educativos para la enseñanza en línea:

“La mayoría de las excepciones y limitaciones nacionales con fines didácticos no prevén adecuadamente los usos digitales y en línea. El lenguaje específico tiende a restringir los usos de enseñanza exentos a escenarios presenciales y “analógicos” (por ejemplo, aulas, presentaciones, fotocopias). Este es particularmente el caso de Asia, África, América Latina, Oriente Medio y Europa del Este. La mayoría de las leyes nacionales de derechos de autor solo benefician a los escenarios de enseñanza presencial”.

Teresa Nobre, vicepresidenta de COMMUNIA, una organización de la sociedad civil con sede en la UE que se centra en la promoción del derecho a la educación, explicó:

“El cierre de escuelas se adoptó en más de 190 países de todo el mundo como una medida no farmacéutica para contener la pandemia de COVID-19. Para continuar brindando aprendizaje remoto durante los bloqueos, los educadores están adoptando múltiples canales de entrega remota, como plataformas de video en línea, aplicaciones de mensajería, nubes y correo electrónico. Sin embargo, un número significativo de leyes nacionales de derechos de autor en todos los continentes carecen de la flexibilidad necesaria para permitir que la educación se lleve a cabo a través de esos medios digitales y en línea. Compartimos el entendimiento de que no se puede considerar que estas leyes hayan internalizado adecuadamente los derechos fundamentales a la libertad de información, la libertad de ciencia y la educación, y que se debe alentar a los gobiernos a usar toda su autoridad para apoyar la educación y otras actividades de interés público que necesitan tienen lugar de forma remota durante emergencias que alteran fundamentalmente la organización normal de la sociedad”.

Denise Nicholson, Scholarly Horizons, Sudáfrica (ex bibliotecaria académica de comunicaciones en la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica):

“COVID-19 destacó las deficiencias y restricciones de la ley de derechos de autor de Sudáfrica que afecta negativamente el acceso a la información, el intercambio de conocimientos y la provisión de materiales de enseñanza e investigación relevantes. De la noche a la mañana, las plataformas de e-learning se convirtieron en el aula virtual de escuelas e instituciones terciarias. Los profesores y los conferencistas necesitaban escanear capítulos de libros, artículos, imágenes y otros materiales didácticos de copias personales y prestadas y subirlos a plataformas de aprendizaje electrónico protegidas con contraseña, pero rápidamente superaron la barrera de los derechos de autor. El acceso a los libros electrónicos ha sido particularmente problemático. La mayoría de los libros que se consideran libros de texto simplemente no están disponibles para su compra en formato electrónico. Dos proveedores de libros de texto sudafricanos no permiten que las bibliotecas compren libros electrónicos. Solo se venderán directamente a profesores o estudiantes individuales. Sin embargo, los precios de los libros electrónicos en Sudáfrica son inasequibles para la mayoría de los estudiantes”.

Promoción del desarrollo masivo de tecnologías médicas

Es ampliamente reconocido que el acceso global a vacunas y tratamientos requiere un aumento masivo de la producción. Los derechos de autor a menudo pueden obstaculizar este objetivo.

Brook Baker, analista sénior de políticas, Global Health Access Project y profesor de derecho, Facultad de Derecho de la Northeastern University, explicó:

“El acceso a obras protegidas por derechos de autor, además de patentes, diseños industriales, datos regulatorios y secretos comerciales, incluidos conocimientos de fabricación, fórmulas patentadas y recursos biológicos, es necesario para prevenir y contener COVID-19 y para desarrollar tratamientos. La protección de los derechos de autor sobre software, planos industriales, manuales de producción y otras obras creativas se integran cada vez más en dispositivos de diagnóstico y otros dispositivos médicos y en tecnologías de salud digital relacionadas con COVID. La suspensión de dicha protección de derechos de autor puede resultar en una producción más inmediata de productos de salud COVID nuevos y existentes”.

James Love, director de Knowledge Ecology International, quien recientemente escribió sobre el vínculo crucial entre los conocimientos técnicos y la ampliación de la producción de vacunas, explicó:

“Durante la pandemia, ha habido reclamos de derechos de autor con respecto a la impresión 3D de dispositivos médicos y cierres de bibliotecas y escuelas que crearon una necesidad inesperada de depender del acceso en línea a herramientas de aprendizaje e investigación, bajo sistemas de préstamos digitales controlados. En cada uno de estos casos, las excepciones a los derechos de autor son bastante importantes, incluidas las apropiadas para este tipo de emergencia”.

El impacto de COVID en el papel de las bibliotecas en la promoción de la investigación y el aprendizaje

Las bibliotecas desempeñan un papel fundamental a la hora de proporcionar acceso a artículos de revistas y otras fuentes de información para los investigadores científicos. Y también brindan servicios que ayudan a las personas a aprender, incluso durante la pandemia. Pero muchos de sus servicios por contrato o por ley solo pueden entregarse en las instalaciones de sus estructuras físicas.

Dick Kawooya, profesor asociado, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de Carolina del Sur

“COVID-19 y el cierre han significado que las bibliotecas no estuvieran disponibles para el público para acceder a servicios impresos y digitales. Aunque todos los recursos de la biblioteca se adquieren y distribuyen legalmente, la conversión de recursos impresos violaría muchas leyes de derechos de autor en todo el mundo. Del mismo modo, transmitir contenido con derechos de autor en otros formatos, como leer un libro en voz alta a través de Zoom, podría infringir las leyes de derechos de autor pertinentes. Muchas bibliotecas necesitaban hacer exactamente eso, pero no podían evitar infringir la ley”.

Stephen Wyber, Gerente, Políticas y Promoción, Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas

“Las bibliotecas de todo tipo, tanto a través de sus colecciones como de sus servicios, desempeñan un papel clave tanto en la mitigación de los impactos de la pandemia como en la aceleración de los esfuerzos para ponerle fin. Si bien, definitivamente, permitirles llevar a cabo sus misiones a través de las fronteras y en un mundo digital requerirá acciones legales internacionales a más largo plazo, la situación que enfrentan hoy requiere medidas de emergencia para permitir el trabajo interdisciplinario necesario para comprender la pandemia en todas sus dimensiones, y para permitir la continuación de la educación, la investigación y la participación cultural”.

La inadecuación de medidas voluntarias para responder a la crisis

Muchos editores respondieron a los claros problemas de los contratos que restringen el uso en línea y digital de las obras por parte de bibliotecas e instituciones educativas con la renuncia voluntaria a los términos contractuales restrictivos. Pero esas exenciones han sido insuficientes para satisfacer la necesidad.

Teresa Hackett, directora del programa de derechos de autor y bibliotecas, EIFL, explicó:

“Al comienzo del cierre en marzo de 2020, la Coalición Internacional de Consorcios de Bibliotecas (ICOLC) solicitó a los editores que levantaran temporalmente ciertas restricciones de licencia para los recursos electrónicos para facilitar el cambio de la noche a la mañana a la enseñanza y el aprendizaje en línea. Muchos editores respondieron, por ejemplo, proporcionando acceso a contenido adicional y haciendo que cierto contenido relacionado con COVID-19 esté disponible gratuitamente. Algunos editores eliminaron los muros de pago a todas sus carteras, mientras que otros eliminaron las restricciones sobre el acceso simultáneo o permitieron el acceso remoto. Sin embargo, más del 40% del acceso ampliado ya ha expirado y solo dos editores renunciaron a las restricciones de licencia relevantes durante la duración de la crisis de COVID. Como resultado, el acceso es inconsistente e impredecible. La exención propuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC eliminaría las barreras a ciertos usos del contenido protegido por derechos de autor durante la pandemia con fines educativos y otros fines esenciales de interés público”.

El papel de la renuncia sobre los ADPIC para reducir las amenazas bajo el derecho internacional

Los derechos de autor son leyes nacionales, no internacionales. Pero las reglas de la OMC crean estándares mínimos que todas las leyes de derechos de autor deben cumplir, bajo pena de resolución y sanción de disputas de la OMC. Según muchos expertos, las reglas de la OMC están creando dudas para tomar las medidas inmediatas necesarias para renunciar a las reglas de derechos de autor que bloquean las actividades necesarias para prevenir, contener y tratar COVID-19.

Peter K. Yu, profesor Regents de derecho y comunicación y director del Centro de Derecho y Propiedad Intelectual de la Universidad Texas A&M, explicó:

“Ya sea que el enfoque esté en educación remota, adaptación de software, minería de texto y datos o aprendizaje automático, las flexibilidades en la ley de derechos de autor van de la mano con otros ajustes que debemos hacer al sistema de propiedad intelectual para ayudar a combatir el COVID-19. La eliminación de la presión y las limitaciones del régimen de comercio internacional contribuirá en gran medida a ayudar a los países a maximizar su espacio de políticas para desarrollar respuestas pandémicas adecuadas que sean sensibles a las condiciones locales”.

Luis Villarroel, Director, Corporación Innovarte, Chile (Ex Vicepresidente del Comité Permanente de Derecho de Autor de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos)

“Los instrumentos de propiedad intelectual reconocen el poder de los países para proteger el orden público y la salud pública, pero este poder se pasa por alto con demasiada frecuencia. La exención de los ADPIC propuesta es un instrumento clave para implementar ese poder inherente. Su efecto incluye que los países pueden adoptar políticas de derechos de autor, incluidas excepciones, limitaciones y licencias obligatorias, para permitir los usos de los derechos de autor que son necesarios para la salud pública. Muchos países, especialmente en América Latina, carecen de excepciones y limitaciones de derechos de autor para promover la salud pública actual. La exención de los ADPIC es fundamental para garantizar que la adopción de las políticas de derechos de autor necesarias para salvar vidas y la salud no se detenga por el temor a las sanciones económicas en virtud de las normas de la OMC”.

Lia Holland, Lucha por el futuro:

“El castigo de Estados Unidos para hacer cumplir las reglas de propiedad intelectual a través de amenazas comerciales ha creado una cultura de miedo que, incluso durante una pandemia global, está interfiriendo con nuestra capacidad para salvar vidas”.

Los derechos humanos exigen fomentar el acceso al conocimiento

Beatriz Busaniche, Presidenta y Directora de la Fundación Via Libre, Profesora de Propiedad Intelectual y Derechos Humanos de FLACSO Argentina

“En la doctrina internacional de los derechos humanos, está claro que el derecho a la salud, la educación y el derecho a disfrutar de los beneficios de la ciencia tienen prioridad sobre los intereses comerciales y la agenda de comercio de propiedad intelectual. En una situación como la actual, interponer barreras artificiales al conocimiento indispensable para combatir la pandemia del COVID-19 está bloqueando el ejercicio de los derechos humanos de una parte sustancial de la humanidad”.

Sanya Samtani, investigadora doctoral en derechos de autor y derechos humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford

“El Acuerdo sobre los ADPIC, a través de la membresía de la OMC, tiene una aplicación casi universal en todo el mundo. Al mismo tiempo, no debe olvidarse que el PIDESC también tiene una aplicación casi universal en 174 Estados Partes. El acceso a materiales protegidos por derechos de autor con fines educativos está garantizado por las leyes internacionales de derechos humanos. Durante la pandemia, el cierre de escuelas y bibliotecas para contener el covid-19 requiere el acceso remoto a los materiales de aprendizaje para que todos tengan el mismo derecho a la educación. El acceso a los materiales protegidos por derechos de autor para la investigación científica, el conocimiento científico y la participación en los beneficios de los avances científicos y tecnológicos y sus aplicaciones está garantizado por el derecho a la ciencia en el derecho internacional de los derechos humanos. En un momento en el que se requiere investigación científica urgente para la salud pública y el bienestar global, la accesibilidad de dicha investigación sin las barreras de los derechos de autor es crucial para acelerar el proceso de innovación”.

La necesidad de promover el acceso al conocimiento a través del sistema internacional

Las organizaciones líderes que apoyan las políticas de acceso abierto han respaldado la declaración de hoy como parte de una campaña global a largo plazo para apoyar el intercambio de recursos de conocimiento con todos.

John Bergmayer, conocimiento público:

“Los derechos de autor y otras leyes de propiedad intelectual deben servir al interés público. En este momento, como mínimo, no deben obstaculizar la forma en que las personas se adaptan a circunstancias desafiantes. Otorgar la propuesta de exención de TRIPS será un paso importante hacia la creación de un sistema de propiedad intelectual que permita al mundo responder mejor a desafíos como la pandemia de COVID”.

Sunita Tripathy, Sociedad de la Información, Instituto Universitario Europeo, Italia, abogada académica en el campo de la innovación que afecta a los sectores de la salud y la alta tecnología, explicó:

“El acceso a la información y las bases de datos es crucial para la verificación, el consumo y, lo que es más importante, para la innovación que puede prevenir, contener e incluso curar las infecciones del SARS-Cov2 y sus variantes. Los derechos de autor, al igual que otros derechos de propiedad intelectual, se diseñaron para incentivar la resolución creativa de problemas para el desarrollo humano. Sin embargo, los derechos exclusivos sobre herramientas de investigación y datos vitales durante un período prolongado y en ausencia de licencias abiertas crean más barreras y restringen la innovación. En tiempos emergentes como la pandemia actual, puede resultar en inequidad y un serio costo humano. Por lo tanto, la propuesta de exención de los ADPIC es importante y oportuna para que la práctica de la apertura y sus beneficios continúen filtrándose incluso mientras hacemos frente a esta pandemia y nos preparamos para superar otras pandemias futuras”.

COVID y la industria editorial

Bibliotecas, investigadores e instituciones educativas cuestionan las afirmaciones de algunos de que abrir el acceso a los derechos de autor para actividades esenciales para prevenir, contener y tratar COVID-19 perjudicará a la industria editorial. De hecho, los ingresos por publicaciones aumentaron durante COVID.

En el Reino Unido, por ejemplo, la editorial Bloomsbury, mejor conocida por publicar los libros de Harry Potter, declaró que la gente ha “redescubierto el placer de leer”, lo que ha generado sus mejores ganancias semestrales desde 2008 (las ganancias aumentaron un 60%).

En los EE. UU., Publishing Perspectives informó que las ventas de libros impresos en EE. UU. Aumentaron un 8,2 por ciento en 2020, alcanzando las 751 millones de unidades. La propia estadística de la Asociación de Editores Estadounidenses que cubre el año hasta noviembre de 2020 sugirió que las ventas del año hasta la fecha en todas las categorías aumentaron un 0,8% en comparación con los primeros once meses de 2019, lo que representa un total de $ 13,6 mil millones.

Las organizaciones de gestión colectiva y los editores han estado utilizando la pandemia de COVID para exigir tarifas adicionales y licencias para usar obras en línea. Access Copyright, un colectivo de derechos de reproducción en Canadá, publicó un artículo advirtiendo a las organizaciones que “sus compañeros de trabajo probablemente están compartiendo contenido sin el permiso de los propietarios de los derechos de autor” durante el teletrabajo. “Como resultado”, advierte el artículo, “su organización se está dejando abierta a acciones legales por infracción de derechos de autor”.

En Sudáfrica, a una profesora universitaria se le negó el permiso de un editor y de la organización de gestión colectiva local para colocar secciones de una versión de libro electrónico de un libro de texto en la plataforma de aprendizaje electrónico protegida por contraseña de su institución para la clase específica durante un período de 6 semanas.

Sean Flynn, de PIJIP, explicó:

“La exención de los ADPIC no significa que cada obra protegida por derechos de autor de repente será de uso gratuito para cualquier propósito. La exención se limita a los usos necesarios para la prevención, contención y tratamiento de COVID-19. Las bibliotecas y las escuelas ya pagan a los editores por los materiales y esto no se detendrá. Pero no deberían tener que pagar más por los usos en línea necesarios porque sus instalaciones están cerradas”.

Otras declaraciones de apoyo

Gauteng Meyer, director de Universidades de Sudáfrica

“USAf apoya la propuesta de exención de los ADPIC como un respaldo a la investigación abierta y el acceso al conocimiento para el bien común de la sociedad y para erradicar la pandemia de COVID 19 a nivel nacional e internacional”

Paolo Guanaes, editor ejecutivo de una revista científica, Fundação Oswaldo Cruz

“Porque es inconcebible hablar de ventaja o recompensa financiera en tiempos de emergencia sanitaria global, como la pandemia Covid-19 que nos diezma hoy”.

Ver nota original (inglés) en http://infojustice.org/archives/43020

Centros de investigación y universidades latinoamericanas se capacitaron para participar del COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) de la OMS

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Corporación Innovarte, con la colaboración de The People’s Vaccine, Free The Vaccine y Universities Allied for Essential Medicines, organizó este webinar que contó con la participación de representantes del C-TAP y del Pool de Patentes Médicas, quienes  explicaron las oportunidades para acceder a datos y conocimientos relacionados a tecnologías para el  Covid-19, así como los procedimientos para aportar ese conocimiento generado localmente.  

El webinar “Objetivos, oportunidades y procedimiento para participar del Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) de la OMS” se realizó el 17 de marzo por la plataforma Zoom y estuvo dirigido a centros de investigación y universidades latinoamericanas. Posterior a las exposiciones se llevó a cabo una mesa redonda donde se respondieron las preguntas del público.

Al respecto, Luis Villarroel, director de Corporación Innovarte, comentó que “la ocasión sirvió en particular para orientar a investigadores, centros de investigación y universidades latinoamericanas interesadas en conocer más y/o participar del sistema de acceso y aporte de conocimiento del  Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) de la Organización Mundial de la Salud”.

“Contamos con importantes expositores sobre la materia, como Esteban Burrone, Jefe de Políticas del Medicines Patent Pool, y Erika Dueñas, Responsable Propiedad Intelectual Departamento de Medicamentos y Productos de la OMS”, dijo el director de Corporación Innovarte.

En ese sentido, Erika Dueñas agradeció la invitación de Corporación Innovarte y dijo que “la idea fue compartir información sobre esta iniciativa que se lleva a cabo en torno la Organización Mundial de la Salud, y que tiene relación con el tema de propiedad intelectual y transferencia de tecnología. El C-TAP es un fondo mancomunado de acceso al conocimiento y básicamente es un llamado a la acción solidaria para compartir todo lo relacionado con derechos de propiedad intelectual, know-how o datos que sirvan para promover el desarrollo de nuevos medicamentos o facilitar el acceso equitativo para todos. Quiero señalar que en el sitio web de C-TAP de la OMS existe un documento en español que explica en detalle mi exposición”.

Por su parte, Esteban Burrone dijo que “mi exposición tuvo que ver con explicar el mecanismo del Medicine Patent Pool que ha existido de 2010 y que hoy estamos colaborando con el C-TAP. Es un mecanismo de salud pública, cuyo objetivo es negociar licencias con titulares de patentes, principalmente de industrias farmacéuticas, pero en algunas casos también de universidades y centros de investigación, para permitir el desarrollo de productos genéricos para el abastecimiento de países en desarrollo”.

Ver video completo del webinar: