Red de Innovación CUECH e INNOVARTE proyectan agenda conjunta para fortalecer el Licenciamiento Socialmente Responsable

Recientemente, mantuvimos una reunión de trabajo con representantes de la Red de Innovación del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, en donde revisamos los resultados preliminares de nuestra encuesta sobre Aplicación de Principios de Licenciamiento Socialmente Responsable. 

El encuentro permitió compartir los resultados y aprendizajes del estudio y reflexionar sobre los desafíos detectados con el objetivo de fortalecer estas prácticas, que se alinean con la misión institucional y pública de las universidades.

Ambas organizaciones coincidimos en trabajar hacia un marco común de buenas prácticas, visibilizar experiencias concretas y diseñar acciones de capacitación y difusión para 2026.

Participaron de la reunión el Sr. Luis Villarroel, director de INNOVARTE; Adán González, consultor; y Francisca Bustos, abogada. Por la Red de Innovación CUECH asistieron Anahí Urquiza, Coordinadora General y Directora de Innovación de la Universidad de Chile, e Isabel Araos, Coordinadora de la Red de Innovación CUECH.

Luis Villarroel, director de INNOVARTE, señaló que los resultados preliminares de la encuesta muestran un interés generalizado entre las instituciones por progresar en el Licenciamiento Socialmente Responsable, destacando la importancia de crear las condiciones necesarias para robustecer las capacidades de las universidades, en particular mediante instancias de capacitación y el intercambio de orientaciones comunes.

Esta alianza reafirma nuestro compromiso por una innovación universitaria con sentido público, que contribuya al desarrollo sostenible y al bienestar social.

Actividad Parlamentaria: El Proyecto que regula la Transferencia Tecnológica en Chile continúa en tramitación en el Senado

Surgimiento y contexto

El Proyecto de Ley que establece un marco regulatorio para la Transferencia de Tecnología y Conocimiento fue iniciado mediante Mensaje Presidencial el día 1 de abril de 2024, siendo impulsado por los Ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Economía, Fomento y Turismo; y Educación.

A grandes rasgos, la iniciativa surge ante la necesidad de regular y promover la transmisión efectiva de resultados de investigación científica y tecnológica desde las instituciones de educación superior (IES) y centros académicos hacia el sector productivo, enfrentando las barreras que actualmente limitan el flujo del conocimiento financiado con fondos públicos, destinado a tener un impacto social.

Qué busca esta Ley

La iniciativa tiene por objeto principal establecer un marco regulatorio integral que fortalezca la cadena de valor que originan la investigación y la innovación, encausando el actuar de diferentes actores del denominado ecosistema nacional de innovación.

Según el Mensaje Presidencial, este Proyecto busca promover un entorno equilibrado y basado en la colaboración entre instituciones académicas, agencias gubernamentales y el sector privado, respetando la autonomía de las IES.

Puntos principales del Proyecto

Destacamos los siguientes puntos claves:

  • Fomento de la investigación en IES: Artículos 3 y 4

Se reconoce la investigación como función fundamental de las IES, promoviendo la libertad académica, la interdisciplinariedad y la vinculación con necesidades sociales, territoriales y productivas.

  • Colaboración público-privada: Artículos 4 y 5

Se enfatiza el rol del Estado en articular iniciativas entre IES, sector privado y entidades no académicas, fomentando la inserción de investigadores en el ámbito productivo y la generación de innovaciones que impulsen la productividad y competitividad, junto con la promoción de políticas de protección de la propiedad intelectual y generación de EBCT, incentivando procesos de transferencia tecnológica.

  • Licenciamiento Socialmente Responsable: Artículo 5, literal f)

Otra adición clave son los incentivos al Licenciamiento Socialmente Responsable (LSR), que implica que las tecnologías desarrolladas con fondos públicos sean licenciadas priorizando el compromiso social y la equidad.  Es decir, mediante contratos de licencia u otros instrumentos análogos, bajo condiciones que favorezcan el acceso equitativo, el uso ético y la responsabilidad pública.

Asimismo, se determina establecer, mediante un Reglamento conjunto de los Ministerios de Ciencia y Economía, los mecanismos y formas concretas que adoptarán dichos incentivos, para asegurar que las innovaciones financiadas por el Estado beneficien a la sociedad y a las IES que lo practiquen.

Ejemplos de dichos incentivos podrían ser el condicionamiento de contratos públicos o financiamiento público a compromisos de accesibilidad mediante cláusulas de acceso, el establecimiento de incentivos reputacionales basados en métricas de impacto social, la creación de fondos “puente” para proyectos de bajo nivel de madurez tecnológica bajo condiciones de accesibilidad, entre otros.

Adicionalmente, otro aspecto que consideramos relevante de contemplar en el Reglamento sería definir y armonizar las métricas con las que se evalúe el impacto social de estas prácticas. Siendo crucial poder medir para demostrar la efectividad y el valor de las mismas, sustentando y respaldando este tipo de estrategias.

  • Repositorio Nacional de Conocimiento e Información científica y tecnológica: Artículo 6

Se crea un repositorio electrónico, público y gratuito a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), para recolectar, clasificar, conservar y difundir el conocimiento científico-tecnológico generado por proyectos financiados con fondos públicos adjudicados por ANID o la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), junto a información o publicaciones incorporadas por ANID u otras personas naturales o jurídicas, y difundiendo las publicaciones, datos, y solicitudes o registros de propiedad intelectual.

No se contempla una obligación de acceso inmediato a la información, ya que el Proyecto contempla el embargo temporal de la información, atendiendo a la naturaleza de cada disciplina, al nivel de madurez tecnológica de la innovación y teniendo en consideración la protección de la propiedad intelectual, relegando la determinación de condiciones específicas a un Reglamento dictado por los Ministerios de Ciencia y Economía.

  • Fomento de la Ciencia Abierta: Artículo 7

El Estado y las IES promoverán el acceso abierto a publicaciones, datos y códigos de investigación. Los ministerios competentes impulsarán plataformas abiertas, y las bibliotecas universitarias facilitarán mecanismos para que la ciudadanía acceda a recursos informativos, fomentando la difusión amplia del conocimiento científico en la sociedad.

  • Empresas de Base Científica y Tecnológica: Artículos 8 a 11

Las IES y sus académicos podrán crear o participar en EBCT desarrolladas a partir de resultados de investigación, ajustándose a su normativa y estatutos. Estas empresas podrán realizar transferencias de tecnología y conocimiento (onerosas o gratuitas), definiendo en sus estatutos el porcentaje de derechos de propiedad intelectual que les correspondan, así como la distribución de regalías o dividendos.

Los académicos involucrados en la investigación deberán solicitar autorización institucional para poder desempeñarse en la respectiva EBCT, con condiciones a establecer por la IES. Para dichos fines, en el caso de IES estatales, se exceptúan las inhabilidades e incompatibilidades administrativas que limitan actividades económicas o uso de horario laboral y recursos públicos, facilitando la participación de académicos y funcionarios. Junto con la autorización institucional explícita, se requerirá de un Reglamento interno que prevenga conflictos de interés, equilibre funciones (docencia, investigación, transferencia) y asegure el uso responsable de los recursos públicos, manteniendo compatibilidad con obligaciones del cargo.

Asimismo, las IES estatales podrán suscribir contratos o convenios de cooperación con estas EBCT, aprobados por resolución fundada, informados a la Superintendencia de Educación Superior y sujetos a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Finalmente, se establecen obligaciones de transparencia activa, conforme a la que IES públicas y privadas deberán actualizar, al menos semestralmente, el listado de EBCT creadas o en las que participen, los respectivos porcentajes de participación, y la participación directa o indirecta de funcionarios o académicos. Los aspectos referidos a los contenidos mínimos y de formato serán establecidos por un Reglamento conjunto de los Ministerios de Ciencia y Educación.

  • Derechos y obligaciones de intervención sobre resultados de investigación financiados con fondos públicos: Artículo 12

Para proyectos financiados total o parcialmente por la ANID, si surgen resultados susceptibles de protección por derechos de propiedad industrial, el beneficiario de dichos fondos puede, de manera facultativa, solicitar la protección e informar a ANID.

Si no se protege ni se reporta interés en ello, los resultados pasan automáticamente al dominio público, siendo divulgados y publicados en el Repositorio Nacional. Como alternativa, el titular puede formalizar una intención futura de protección, manteniendo la información en reserva temporal, a determinar por el respectivo Reglamento.

Actualidad y relevancia

A la fecha, el Proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional. Concretamente, el día 9 de diciembre se resolvió por la Sala que el Proyecto vuelva a la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Información, estando a la espera de la elaboración de un Segundo Informe. Se definió como plazo para presentar indicaciones el día 15 de diciembre, por lo que sólo se presentó una por el Senador Juan Antonio Coloma, referida al Artículo 9 inciso tercero, sobre las consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento de obligaciones de transparencia en IES privadas.

Desde Innovarte ONG, consideramos que este Proyecto de Ley representa un avance para el ecosistema de innovación en Chile. Especialmente, por el hecho de considerar al Licenciamiento Socialmente Responsable como una herramienta de gran potencial para transformar el conocimiento financiado con recursos públicos en herramientas concretas para el desarrollo económico y social.

Asimismo, seguiremos informando los avances de este Proyecto y continuaremos trabajando para fortalecer y posicionar las prácticas de Licenciamiento Socialmente Responsable en la región latinoamericana.

 

Innovarte ONG se reúne con funcionarios de la Comisión Europea para discutir sobre licenciamiento responsable y acceso a tecnologías

En diciembre del presente año mantuvimos una reunión con funcionarios de la Comisión Europea para dar a conocer agendas y líneas de trabajo en temáticas como la propiedad intelectual, la innovación y el licenciamiento con impacto social.

Por parte de la Comisión Europea, participaron Denis Dambois y Ana García, de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, junto a Federica Baldan, Responsable de Políticas en la Dirección General de Investigación e Innovación.

En la conversación, se abordaron iniciativas clave como la Impact Licensing Initiative, proyecto financiado por el programa Horizon Europe para la promoción del impacto y la valorización de la innovación; y el proyecto IMPAC3T-IP, una acción orientada a fortalecer prácticas de licenciamiento de amplio impacto, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

Los funcionarios explicaron que la Comisión está avanzando en un esquema de principios de licenciamiento para el European Research Area, a desarrollarse entre 2026 y 2027, dando énfasis a la adaptabilidad de estos en diversas áreas, como la salud, el cambio climático y la seguridad alimentaria. Además, destacaron actividades de capacity building en Oficinas de Transferencia Tecnológica, y la realización de un estudio sobre métricas de valorización que busca ir más allá de las patentes como mero indicador, a través de un reporte previsto para el primer trimestre de 2026.

Desde Innovarte, presentamos nuestro estudio sobre incentivos para fomentar las prácticas de licenciamiento voluntario y socialmente responsable. De igual manera, presentamos nuestro trabajo junto al Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECH), en donde medimos la aplicación de diversos principios de licenciamiento socialmente responsable en las normativas universitarias y las prácticas de licenciamiento de las Oficinas de Transferencia Tecnológica.

Agradecemos mucho este contacto con la Comisión Europea y esperamos poder trabajar en conjunto en iniciativas futuras, para fortalecer el licenciamiento socialmente responsable y sus métricas de impacto social.

IGWG 4: ¿Algún avance que podamos reportar?

Durante la semana del 1 al 5 de diciembre se llevó a cabo la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG), en Ginebra. Al igual que en ocasiones previas, la sesión se dedicó a la redacción del Anexo sobre el PABS, el Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios, como una pieza esencial del Tratado de Pandemias de la OMS.

En general, se busca que este Anexo pueda definir los aspectos operativos de este Sistema, otorgando certeza jurídica sobre los derechos y obligaciones tanto de quienes aportan los materiales biológicos, como de los usuarios receptores, ya sean laboratorios, fabricantes, investigadores u otros receptores de dichos materiales o datos.

La sesión, que reunió a representantes de más de 190 países, reveló una vez más las profundas divisiones entre el Norte y Sur Global en el proceso de negociación, con un progreso mínimo en la redacción del anexo. Así, el borrador del texto sigue lleno de inserciones y corchetes, lo que indica una falta de consenso en temas clave, como la equidad en el reparto de beneficios.

Zimbabue, hablando en nombre de la coalición del Sur Global, subrayó que “el Anexo PABS debe articular los detalles operativos completos” de este sistema, argumentando que gran parte del contenido ya existe en el borrador actual y que establecer contratos vinculantes para participar del intercambio de materiales es esencial para evitar el “free-riding”. Uganda, por su parte, invocó experiencias pasadas con brotes de enfermedades como el Ébola para enfatizar que “el reparto predecible y equitativo de beneficios es una cuestión de vida o muerte”.

Sin embargo, propuestas como las anteriores contrastaron frente a la resistencia de algunos países desarrollados y la industria farmacéutica, representada por la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), que criticó los contratos estandarizados por generar “burocracia excesiva” y “incertidumbre legal”, potencialmente desincentivando la investigación y desarrollo.

Durante una sesión abierta con stakeholders, organizaciones como la Red del Tercer Mundo (TWN), Knowledge Ecology International (KEI) y Médicos Sin Fronteras (MSF) respaldaron las demandas del Sur Global.

KEI propuso adoptar elementos del Reglamento de Espacios de Datos de Salud Europeo como un modelo para el registro de usuarios, mientras que MSF abogó por obligaciones de acceso y beneficios, incluyendo licencias no exclusivas y transparencia total en los acuerdos.

El anexo PABS se someterá a consideración de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud en 2026, por lo que los plazos para lograr consenso son bastante acotados. Desde Innovarte, continuaremos informando sobre el desarrollo de este proceso multilateral, esencial para una preparación y respuesta pandémica más sólida y equitativa a nivel global.

Innovarte ONG participa del Comité Permanente de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (SCCR/47)

Luis Villarroel, Director de Innovarte ONG, participó de la cuadragésima séptima sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la OMPI. El evento se realizó en Ginebra, los días 1 a 5 de diciembre del presente año.

En la oportunidad, además de mantener reuniones de trabajo con distintas delegaciones de países miembros y participar de otras actividades conexas, Luis Villarroel formuló intervenciones en los siguientes ítems: Tratado de Radiodifusión, Excepciones y limitaciones y Agenda Digital.

Innovarte ONG participa del Comité Permanente de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (SCCR/47)
Representantes de Sudáfrica

En esta sesión, los Estados miembros continuaron las discusiones sobre un futuro tratado relativo a los derechos de los organismos de radiodifusión, destinado a actualizar la histórica Convención de Roma y responder a los desafíos actuales en materia de propiedad intelectual.

Para Innovarte ONG, es fundamental aportar una mirada orientada al interés público y al fortalecimiento de marcos normativos que promuevan una propiedad intelectual equilibrada, inclusiva y coherente con los desafíos contemporáneos.

Representante de Ucrania
Representante de Ucrania

Avances en las negociaciones sobre el PABS: Los países en desarrollo exigen obligaciones vinculantes y equidad real

1.⁠ ⁠Contexto y pronunciamientos de Organizaciones

Del 3 al 7 de noviembre de 2025 se celebró en Ginebra la tercera reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG 3), centrado en la redacción del Anexo sobre el Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), pieza esencial del Tratado de Pandemias de la OMS.

En general, se busca que este Anexo pueda establecer los aspectos operativos de este Sistema, otorgando certeza jurídica sobre los derechos y obligaciones tanto de quienes aportan materiales biológicos, como de los usuarios del Sistema PABS – ya sean laboratorios, fabricantes y otros receptores de dichos materiales o datos.

Desde Innovarte ONG, Luis Villarroel realizó una intervención destacando la necesidad de un Anexo operativo y equitativo, que incluya contratos estándar, contemple beneficios que abarquen contribuciones monetarias, datos recíprocos y apoyo a las capacidades locales, ampliando las obligaciones a todos los actores que accedan a materiales o datos.

Además, se criticó la ambigüedad de términos como “posibles compromisos jurídicamente vinculantes” y “oportuna puesta en común”, proponiendo elegir definiciones precisas que contemplen plazos, para garantizar la previsibilidad y rendición de cuentas. Finalmente, abogó por estándares medibles de acceso rápido y asequible, desarrollo sostenible de capacidades productivas mediante licencias no exclusivas y transferencia de tecnología, y una mayor transparencia en las negociaciones para fortalecer la legitimidad y la contribución técnica de las partes interesadas.

En este contexto, también la asociación Médicos Sin Fronteras realizó un llamado a situar a la equidad, solidaridad y transparencia en el centro, afirmando que “sólo una respuesta verdaderamente global y solidaria podrá protegernos a todos” ante una nueva pandemia.

De igual manera, la organización abogó por la consideración explícita de las poblaciones en contextos humanitarios dentro de la expresión “grupos vulnerables”, por impulsar la transferencia de tecnología para descentralizar y diversificar la producción en países en desarrollo, y por que los Estados hagan uso pleno de todas las flexibilidades legales, incluyendo las licencias obligatorias, para garantizar la fabricación y distribución equitativa de vacunas, tratamientos y diagnósticos.

Por su parte, la organización Knowledge Ecology International (KEI) advirtió que los negociadores deben adoptar estándares más altos de transparencia. Por ejemplo, apuntando más allá de la publicación de los contratos entre la OMS y fabricantes, defendiendo la publicación del texto completo de dichos acuerdos, más los precios reales, cantidades adquiridas e ingresos generados por los productos pandémicos, incorporando como referencia las normas ya existentes en la resolución WHA 72.8.

Además, KEI respalda que expresiones laxas como “acceso a productos sanitarios relacionados con la pandemia” debieran reemplazarse con referencias a un suministro “a precios justos y asequibles”, ya que acceso y asequibilidad no son sinónimos.

En el mismo sentido, también la organización Medicines Law & Policy destacó que el borrador actual habla de “acceso” y “acceso rápido” a productos pandémicos, pasando por alto la cuestión de la asequibilidad. A la par, advierte que expresiones como “según lo acordado mutuamente” debilita el carácter vinculante del sistema, solicitando garantizar que la transferencia tecnológica sea un compromiso obligatorio, no sujeto a negociación discrecional.

2.⁠ ⁠Avances de la negociación

En las rondas de discusión, se realizaron valiosos aportes sobre el tenor del borrador del Anexo, que terminó siendo discutido de forma pormenorizada, pese a cierta resistencia inicial.

Según informa la organización Third World Network (TWN), partiendo del borrador del Buró (A/IGWG/3/3), los países en desarrollo —liderados por el Grupo por la Equidad (37 Estados), el Grupo Africano y la Región del Mediterráneo Oriental— exigieron que el sistema sea plenamente operativo, jurídicamente vinculante y basado en el principio de “pie de igualdad” del Artículo 12. Criticaron las lagunas del borrador y cualquier enfoque voluntario que permita a la industria eludir compromisos, recordando que durante la pandemia del COVID-19 la buena voluntad no fue capaz de evitar la concentración del 80% de las vacunas en países ricos. Por su lado, la Unión Europea, Australia, Canadá y Reino Unido defendieron conservar una mayor flexibilidad para no desincentivar a las farmacéuticas.

3.⁠ ⁠Perspectivas futuras

Aunque no se alcanzaron acuerdos definitivos, se avanzó en la revisión textual y están en agenda dos sesiones informales de discusión para el próximo 24 y 25 de noviembre. En ellas, se tratarán los contratos del sistema PABS, y las bases de datos y redes de laboratorios, respectivamente. Asimismo, la cuarta sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG 4) está agendada para los días 1 al 5 de diciembre del presente año.

Con posiciones aún distanciadas en aspectos clave, las próximas reuniones serán determinantes para definir si el futuro Tratado de Pandemias logrará establecer un sistema PABS que combine certeza jurídica, equidad en el acceso y viabilidad operativa, o si las diferencias persistentes obligarán a nuevos compromisos o dilaciones.

El resultado de estas negociaciones no solo afectará la arquitectura de la preparación global frente a pandemias, sino también el grado de confianza entre regiones en un ámbito donde la cooperación efectiva sigue siendo imprescindible.

Participación del Director de Innovarte ONG en el panel “Desafíos e Implementación de la Ley de Transferencia Tecnológica” de la Technology Managers Academy de RedGT

El 14 de noviembre de 2025, en las dependencias del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, se realizó el panel “Desafíos e Implementación de la Ley de Transferencia Tecnológica”, en el marco del programa de formación Technology Managers Academy, impulsado por RedGT en colaboración con KnowHub, APTA y HubTec.

El encuentro contó con la participación de Luis Villarroel, fundador y director de Innovarte ONG, junto a dos destacados panelistas: Paola Durán, Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de la Frontera y Maximiliano Santa Cruz, socio del estudio Santa Cruz IP, contando con la moderación de Maribel Muñoz, Directora de RedGT.

El panel analizó los alcances del proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica que se tramita actualmente en el Senado y que incorpora, por primera vez en América Latina, la obligación de considerar criterios de Licenciamiento Socialmente Responsable (LSR) respecto de las tecnologías desarrolladas con fondos públicos.

Luis Villarroel contextualizó los orígenes del licenciamiento socialmente responsable, destacando que el proyecto de ley chileno se inserta en una tendencia global ya adoptada en Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea, junto a otros de la región. Asimismo, resaltó que varias universidades chilenas, como la Universidad de Chile, ya aplican muchos de estos principios, aunque sin un marco normativo explícito.

Igualmente, se discutió que la futura reglamentación será determinante para definir principios adaptados al contexto nacional, métricas de impacto e incentivos, tanto para las instituciones titulares como para los licenciatarios que acepten estas condiciones.

Finalmente, coincidió con los demás panelistas en que, pese a ser perfectible, la aprobación de la ley constituye un avance necesario, especialmente para visibilizar el rol clave de las oficinas de transferencia tecnológica en el impacto social de los desarrollos universitarios.

Agradecemos a Technology Managers Academy e INAPI por la organización y por generar estos espacios de diálogo junto a actores tan relevantes del ecosistema nacional de innovación.

Éxito del Side Event de Innovarte ONG en la 37° Sesión del Comité Permanente del Derecho de Patentes de la OMPI

El 6 de noviembre de 2025, en el marco de la 37° Sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en Ginebra, Innovarte ONG organizó el side event híbrido “Incentivos para el Licenciamiento Voluntario y Socialmente Responsable”

Moderado por Viviana Muñoz, Coordinadora de Health, Intellectual Property and Biodiversity Programme del South Centre, el panel reunió a expertos internacionales para debatir cómo alinear la innovación con objetivos sociales mediante el licenciamiento voluntario y responsable, con énfasis en salud, transferencia tecnológica y acceso equitativo. 

El encuentro, apoyado por Unitaid y la Secretariado de la OMPI, presentó hallazgos de investigación, propuestas innovadoras de incentivos y experiencias prácticas de universidades, oficinas de patentes y plataformas globales como Medicines Patent Pool.

A continuación, acompañamos un resumen de las principales intervenciones de los panelistas: 

  • Luis Villarroel – Director de Innovarte ONG

Presentó los resultados de una investigación realizada por Innovarte*, basada en entrevistas a más de 35 actores clave (universidades, oficinas de transferencia tecnológica, empresas farmacéuticas y expertos). Identificó los principales desafíos para el licenciamiento voluntario y socialmente responsable, como la ausencia de métricas estandarizadas para medir impacto, desalineación interna en instituciones y brechas financieras. Entre los incentivos más efectivos, destacó la condicionalidad de fondos públicos (ejemplos de CEPI y Unitaid), beneficios fiscales, preferencias en contratación pública, bonos de impacto social, incentivos regulatorios (como revisiones rápidas o protección de “safe harbor”) y medidas reputacionales (premios públicos de OMPI o UNESCO). Dentro de las recomendaciones formuladas, sugirió que la OMPI lidere un plan de trabajo multilateral para estandarizar prácticas y cláusulas.

  • James Love – Director de Knowledge Ecology International (KEI)

Propuso un mecanismo plurilateral opt-in dentro del PCT – Tratado de Cooperación en materia de Patentes, para ofrecer descuentos profundos en tasas de solicitud, examen y mantenimiento de patentes, condicionados a prácticas de licenciamiento con propósito social. A diferencia de los descuentos actuales (basados en tamaño de empresa o país de origen), este incentivo se vincularía a endosos de entidades confiables como Medicines Patent Pool o el Access Pool de la OMS, permitiendo flexibilidad en criterios (acceso equitativo, no exclusividad, etc.). Argumentó que la suma de múltiples oficinas de patentes permitiría a este mecanismo influir en los comportamientos, pudiendo superar a sistemas actuales como el “license of right” en Europa.

  • Chan Park – Director Jurídico del Medicines Patent Pool (MPP)

Enfocó su intervención en el trabajo “upstream” de MPP con universidades y financiadores públicos para insertar cláusulas de planes de acceso en licencias exclusivas. Estas cláusulas obligan a compartir información sobre estrategias de acceso en países de ingresos bajos y medios, permitiendo al MPP intervenir tempranamente para negociar licencias voluntarias inclusivas (incluso en países de ingresos medios altos, excluidos tradicionalmente). Destacó que el 77% de las grandes farmacéuticas ya contempla este tipo de medidas de manera interna, facilitando su adopción, y enfatizó la reserva de derechos para publicar versiones no confidenciales de estos planes, promoviendo transparencia.

  • Bryce Pilz – Vicepresidente Adjunto de Investigación, Licencias y Alianzas Estratégicas, de la Universidad de Michigan

Compartió la experiencia pionera de la Universidad de Michigan en implementar cláusulas de planes de acceso en sus licencias desde hace tres años. Explicó cómo evolucionaron de provisiones amplias de “uso para servicio público” (ineficaces porque sólo cubren patentes universitarias, no las del licenciatario) a planes de acceso flexibles que priorizan el intercambio de información y la colaboración con MPP. Estas cláusulas han sido aceptadas por el mercado sin impacto negativo en valoraciones, alineándose con la misión pública de la universidad y demostrando que el SRL es viable.

  • Denisse Pérez – Jefa del Departamento de Asuntos Internacionales de INAPI

Destacó el bajo registro de licencias en Chile, pese a los mandatos legales de INAPI para promover el uso estratégico de la PI y la transferencia tecnológica. Presentó iniciativas como los centros CATI, que cuentan con colaboración de OMPI, INAPI Conecta, el proyecto WIPO Green para la agricultura sostenible, con 2 implementaciones exitosas en 2024, y la integración en la nueva Estrategia Nacional de Ciencia e Innovación. Asimismo, anunció avances legislativos: el Proyecto de Ley de Transferencia Tecnológica, en tramitación, incorpora por primera vez en América Latina una definición obligatoria de SRL para tecnologías financiadas con fondos públicos, exigiendo acceso equitativo y uso ético, lo que posiciona a Chile como referente regional.

Estas intervenciones resaltaron un consenso sobre la necesidad de introducir incentivos, transparencia y colaboración multilateral para superar la subutilización actual del licenciamiento voluntario y socialmente responsable.

Éxito del Side Event de Innovarte ONG en la 37° Sesión del Comité Permanente del Derecho de Patentes de la OMPI
Éxito del Side Event de Innovarte ONG en la 37° Sesión del Comité Permanente del Derecho de Patentes de la OMPI

*El informe completo de Innovarte estará disponible próximamente, en este sitio web.

Los invitamos a revisar la grabación completa de este evento aquí.

Te dejamos aquí las presentaciones de los panelistas de este evento:

PPT – Luis Villarroel

PPT – Bryce Pilz

PPT – Chan Park

PPT – Denisse Pérez

PPT – James Love:

Tratado de Pandemias: Se reanudan las negociaciones del Anexo sobre el Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS)

Tras la adopción del Tratado de Pandemias por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2025, comenzó la negociación de uno de sus componentes centrales: el Anexo sobre el Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS).

Como se analizó en entradas previas, este mecanismo busca operativizar el acceso oportuno y equitativo a materiales y secuencias de patógenos con potencial pandémico, junto con una distribución de los beneficios derivados de su uso, prestando especial atención a los países en vías de desarrollo.

Actualmente, ha empezado la tercera ronda de discusiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG 3), una fase decisiva en el impacto que tenga este mecanismo y las expectativas que ha generado.

Innovarte realizó la siguiente intervención presentando observaciones generales a la propuesta de texto del Anexo:

Intervención de Innovarte ONG – Debate sobre el Anexo del PABS de la OMS

3 de noviembre de 2025, Ginebra

Gracias, Presidente. La ONG Innovarte celebra el inicio de las negociaciones basadas en el texto. Aún queda mucho por hacer.

  1. El Anexo debe proporcionar todos los detalles operativos necesarios para que el sistema PABS sea verdaderamente funcional, incluyendo contratos estándar.
  2. Los mecanismos de participación en los beneficios deben incluir el acceso recíproco a los datos, contribuciones monetarias y la trazabilidad a través de identificadores únicos. El apoyo también debería extenderse a los sistemas de laboratorios nacionales, mejoras en bioseguridad y capacitación.
  3. Las obligaciones de participación en los beneficios no deben limitarse a los fabricantes. Todos los actores que accedan a los materiales o a los datos de secuencia del PABS —incluidas las instituciones de investigación y los laboratorios— deben estar obligados a contribuir a la participación en los beneficios según su capacidad.
  4. Con respecto a la participación en los beneficios del Sistema PABS, el uso de la expresión “posibles compromisos jurídicamente vinculantes” en (Secciones II.A.1(c) y II.C.1) genera incertidumbre con respecto a la naturaleza del compromiso. El término “posibles” debería eliminarse. Del mismo modo, la “oportuna puesta en común” debería definirse con estándares o plazos específicos para garantizar la previsibilidad y la rendición de cuentas.
  5. Si bien se menciona el “acceso rápido” u “oportuno”, el borrador carece de estándares medibles sobre lo que se considerará rápido u oportuno, y también omite por completo la asequibilidad.
  6. La verdadera participación en el sistema PABS requiere el desarrollo de capacidades de producción que sean sostenibles, no solo el acceso a los productos. Esto significa proporcionar licencias no exclusivas y una transferencia significativa de conocimientos y tecnologías.
  7. Finalmente, instamos a una mayor transparencia en las negociaciones en curso. Restringir el acceso de las partes interesadas relevantes limita la contribución técnica y orientada a la salud pública. Tal como se practica en otros entornos multilaterales como la OMPI, la participación de las partes interesadas fortalece la legitimidad y los resultados.

Gracias.

Intervención de Innovarte ONG – Debate sobre el Anexo del PABS de la OMS3 de noviembre de 2025, Ginebra.
Intervención de Innovarte ONG – Debate sobre el Anexo del PABS de la OMS
3 de noviembre de 2025, Ginebra.

ENGLISH 

Intervention by Innovarte ONG – WHO PABS Annex Discussion

3 November 2025, Geneva

Thank you, Chair. Innovarte NGO welcomes the start of text-based negotiations.

There is a long way to go.

  1. The Annex must provide all the operational details necessary to make the PABS system truly workable, including standards contracts.
  2. Benefit-sharing mechanisms must include reciprocal access to data, monetary contributions, and traceability through unique identifiers. Support should also extend to national laboratory systems, biosafety upgrades, and training.
  3. Benefit-sharing obligations should not be limited to manufacturers. All actors who access PABS materials or sequence data — including research institutions and laboratories — must be obligated to contribute to benefit-sharing according to their capacity.
  4. With regard to PABS System, and benefit-sharing, the use of the expression “possible legally binding commitments” in (Sections II.A.1(c) and II.C.1) provides uncertainty with regard to the nature of the commitment. The term “possible” should be deleted. Similarly, “timely sharing” should be defined with specific standards or timeframes to ensure predictability and accountability.
  5. While “rapid access” or “timely” is mentioned, the draft lacks measurable standards of what will be considered rapid or timely and also omits affordability altogether.
  6. True participation in the PABS system requires developing sustainable production capacity, not just access to products. This means providing non-exclusive licensing, technology, and meaningful knowledge transfer.
  7. Finally, we urge greater transparency in the ongoing negotiations. Restricting relevant stakeholders’ access limits technical and public-health input. As practiced in other multilateral settings like WIPO, stakeholder participation strengthens legitimacy and outcomes.

Thank you.

 

Licenciamiento Socialmente Responsable: Una mirada internacional

Estamos muy contentos de haber coorganizado la Charla “Licenciamiento Socialmente Responsable: Una mirada internacional”, junto al Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). Agradecemos especialmente a Christine Coch, Interim CEO de Brightlands Maastricht Health Campus, por compartir la valiosa experiencia de las universidades holandesas en la definición e implementación de sus principios de licenciamiento socialmente responsable, modelos de contratos de licencia y de negociación. Asimismo, agradecemos el apoyo de Isabel Araos, Coordinadora de la Red de Innovación CUECH, para generar este espacio de conversación y emprender la adopción de este enfoque en Chile.

Revisa el video completo de este evento:

Les dejamos la presentación de Christine Coch en su idioma original y la traducción al español: