El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) ha pedido a los Estados Partes del Norte, en particular Alemania, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos, que renuncien a los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre las protecciones contra la pandemia de COVID-19, las vacunas, los tratamientos y las tecnologías sanitarias.
En una Decisión adoptada el 30 de agosto, el Comité subrayó que la persistente negativa a aceptar una renuncia al Acuerdo sobre los ADPIC o a adoptar otras medidas con el mismo efecto, suscita preocupación en relación con las obligaciones de los Estados Partes en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, así como de otras garantías internacionales de derechos humanos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, compuesto por 18 expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo, supervisa la adhesión de los 182 Estados Partes a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD).
La Decisión sobre “la falta de acceso equitativo y no discriminatorio a las vacunas COVID-19” se adoptó en el marco de los procedimientos de alerta precoz y acción urgente del Comité, cuyo objetivo es examinar las situaciones que podrían degenerar en conflictos a fin de adoptar las medidas preventivas adecuadas para evitar violaciones a gran escala de los derechos humanos.
La Decisión fue respaldada por Ashwini K. P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
En su Decisión adoptada el 30 de agosto, el Comité expresó su preocupación por el hecho de que el COVID-19 siga siendo un grave problema de salud pública con efectos negativos devastadores que recaen de forma desproporcionada en personas y grupos vulnerables a la discriminación racial, en particular las personas de ascendencia africana o asiática, las pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, las comunidades romaníes y los pueblos indígenas.
Citando los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité señaló que alrededor del 32% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de refuerzo o adicional de la vacuna.
Sin embargo, en países en desarrollo como Gabón, Papúa Nueva Guinea, Burundi y Madagascar, la proporción es inferior al 1%.
En su Decisión, el Comité reiteró su anterior declaración de 25 de abril de 2022 (“Declaración 2” de 2022) sobre la falta de acceso equitativo y no discriminatorio a las vacunas COVID-19.
En la declaración emitida durante su 106ª sesión celebrada del 11 al 29 de abril de 2022, el Comité había expresado su profunda preocupación por el hecho de que “la gran mayoría de las vacunas COVID-19 se han administrado en países de ingresos altos y medios-altos y que, en abril de 2022, sólo el 15,21% de la población de los países de bajos ingresos ha recibido siquiera una dosis de la vacuna, lo que crea un patrón de distribución desigual dentro y entre los países que reproduce la esclavitud y las jerarquías raciales de la época colonial; y que profundiza aún más las desigualdades estructurales que afectan a los grupos vulnerables protegidos por la Convención.”
La declaración había señalado que los Estados partes de Alemania, Suiza y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se habían “opuesto a una solicitud encabezada por India y Sudáfrica en octubre de 2020 en la OMC para renunciar temporalmente a las protecciones de propiedad intelectual sobre tecnologías de atención médica relacionadas con la prevención de COVID-19 contención o tratamiento impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC (posteriormente revisado en mayo de 2021)”, y que además, Alemania, Suiza y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte “no han ordenado transferencias de tecnología por parte de las empresas farmacéuticas con sede en el país que insisten en proteger sus monopolios de propiedad intelectual sobre las tecnologías sanitarias COVID-19”.
El Comité señaló además que, aunque el Estado parte de los Estados Unidos de América había “declarado su apoyo a una exención limitada a las vacunas, no ha utilizado todas las herramientas de que dispone, incluida la activación de su Ley de Producción de Defensa, para obligar a las empresas farmacéuticas nacionales a transferir la tecnología sanitaria COVID-19”.
En su declaración del 25 de abril de 2022, el Comité había reiterado su llamamiento a los Estados Partes, en particular a Alemania, Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, “para que luchen contra la pandemia del COVID-19 guiados por el principio de solidaridad internacional mediante la asistencia y la cooperación internacionales, en particular apoyando la propuesta de una exención temporal amplia de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, y adoptando todas las medidas nacionales y multilaterales adicionales que mitiguen el impacto dispar de la pandemia y sus consecuencias socioeconómicas en los grupos y minorías protegidos por la Convención.”
En este contexto, el 30 de agosto de 2023, el Comité se unió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para instar a los Estados Partes, en particular a Alemania, Suiza, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, “a que no permitan que los intereses económicos y los compromisos empresariales se antepongan al respeto de los derechos humanos y, en su lugar, den prioridad a la seguridad y la protección de las poblaciones vulnerables y marginadas mediante políticas no discriminatorias acordes con la ICERD.”
Lea la declaración completa de CERD en la página de la Red del Tercer Mundo: Third World Network; o el el sitio de noticias de Naciones Unidas.
