Los invitamos a leer la columna de opinión “Se acaba el tiempo: negociaciones del Tratado de Preparación de Pandemias de la OMS” publicada en el Diario El Mostrador, por el Director Luis Villarroel, puedes verla en el siguiente link de El mostrador, o a continuación:

Es fundamental que el proceso sea transparente e inclusivo. Debido a esta premisa, la sociedad civil internacional ha expresado su preocupación por la falta de oportunidades efectivas de participación. Igualmente, ha manifestado su inquietud por la falta transparencia en las negociaciones y de acceso a los textos en discusión que se mantienen en secreto y solo se hacen público de manera periódica. 

Durante las negociaciones del  instrumento internacional para la preparación y respuesta global a las pandemias  los países miembros  de la Organización Mundial de la Salud ( OMS)  tienen una gran oportunidad de lograr un acuerdo internacional efectivo para preparar al mundo para enfrentar futuras pandemias, pero no es seguro que lo lograrán. La iniciativa, propuesta originalmente por Chile y  Europa, busca establecer un marco legal que oriente a las naciones en la preparación y respuesta ante pandemias. Sin embargo, debido a profundas divisiones entre los países, y a solo 12 meses para alcanzar a un acuerdo, es cada vez más probable que el texto final resulte insuficiente.

Las negociaciones en curso en el Comité Intergubernamental de Negociación de la OMS, que se llevan a cabo a través de una combinación de reuniones públicas y privadas, han dado origen a dos documentos consolidados conocidos como Zero Draft, o borradores cero. El último de estos borradores, filtrado el 23 de mayo, refleja las tensiones y diferentes perspectivas existentes. Entre las propuestas, una de las más controvertidas es la de vincular la divulgación y acceso al material genético de los patógenos con acceso a los beneficios que se deriven de dicha información. Específicamente, se propone la posibilidad de establecer porcentajes mínimos que garanticen a los países en desarrollo el acceso a las vacunas o tratamientos que se deriven del material genético de estos patógenos. Esta propuesta pretende evitar situaciones del pasado en la que países que han aportado las muestras genéticas no tuvieron acceso a los tratamientos o vacunas resultantes.

Existen otros puntos, en el documento, que generan resistencia por parte de algunas industrias farmacéuticas multinacionales. Uno de ellos es la demanda por mayor transparencia en cuanto a las condiciones de los contratos de provisión de las vacunas y tratamientos, así como en relación con los precios y financiamiento público. Durante la pandemia de Covid-19, se observaron abusos y prácticas que iban en contra del interés público, lo que ha motivado la necesidad de abordar esta problemática. También se discute sobre la naturaleza o composición que debe tener las cadenas de aprovisionamiento, así como las obligaciones o compromisos para la realización de transferencias tecnológica, especialmente cuando se trata de resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos.

Como ya es tradicional, la posibilidad de limitar los derechos de propiedad intelectual en tiempos de pandemia, con el fin de agilizar la transferencia tecnológica y el uso de las capacidades de producción, es un tema igualmente controvertido. Durante la pandemia de Covid-19, se logró una solución parcial mediante la moratoria de ciertos derechos de propiedad intelectual respecto de vacunas, pero no se incluyeron los tratamientos o dispositivos médicos, por lo que este asunto requiere una mayor exploración y análisis.  La manera en que se incorporan  referencias a la protección de derechos humanos también es un tema que, de acuerdo con la sociedad civil,  es insuficiente.

La inclusión de la relación entre la salud animal y el medio ambiente, como aspectos a monitorear y abordar en la prevención de las pandemias genera controversias. Es relevante tener en cuenta el fenómeno del contagio cruzado desde especies animales y las resistencias a antibióticos debido al uso veterinario, o los desechos tóxicos. Los países en desarrollo, liderados por las naciones africanas, consideran fundamental garantizar un mecanismo de beneficios compartidos a partir de los recursos genéticos y limitar los derechos de propiedad intelectual para garantizar la equidad en futuras pandemias. Sin embargo, estas propuestas son firmemente rechazadas por las grandes compañías farmacéuticas, que cuentan con el respaldo de algunas potencias occidentales que consideran el acceso a esos patógenos una cuestión de seguridad.  El debate sobre si el intercambio de información sobre nuevos patógenos debe estar vinculado a algún tipo de beneficio, posiblemente monetario, sigue en discusión. El Sur Global, que aboga por la inclusión de esta vinculación con beneficios, tiene la mayor exigencia en este sentido. Un rechazo categórico del Norte Global podría implicar la pérdida de un acceso oportuno a dichos patógenos, lo que a su vez retrasaría el desarrollo de vacunas o tratamientos específicos y podría costar vidas humanas.

La falta de tiempo también representa un desafío significativo en las negociaciones del tratado. Aunque se acordó en diciembre de 2021 que se llevaría a cabo la negociación de un tratado de pandemias para mayo de 2024, el inicio se entrampó en cuestiones de procedimiento.

Dada la amplitud de los temas en discusión y lo controvertido de los mismo,  el plazo establecido para mayo de 2024  nos enfrenta al dilema de mantener la ambición de incluir todos los aspectos necesarios en el tratado, lo cual podría retrasar su tramitación, o disminuir las expectativas y llegar a acuerdos mínimos que podrían resultar insuficientes dentro del tiempo estipulado.

Es fundamental que el proceso sea transparente e inclusivo. Debido a esta premisa, la sociedad civil internacional ha expresado su preocupación por la falta de oportunidades efectivas de participación. Igualmente, ha manifestado su inquietud por la falta transparencia en las negociaciones y de acceso a los textos en discusión que se mantienen en secreto y solo se hacen público de manera periódica.

Lamentablemente, y quizás por la falta de divulgación efectiva del contenido y estado del proceso, los países latinoamericanos, a diferencia de los países africanos o Europa, no han presentado propuestas sustantivas, lo que llama a que las autoridades de nuestros países involucren a todas las reparticiones que tengan competencia en los temas en discusión, y así los negociadores en Ginebra tengan todos los inputs necesarios.

Solo a través de negociaciones transparentes y con participación de todas las partes  se podrá garantizar la protección de los intereses de todos en el mundo.